Aumentar la fiscalidad e incorporar los costes medioambientales a la gestión de residuos en los vertederos. Ésa es la solución que la mayoría de países europeos han seguido para conseguir aumentar la tasa de reciclaje.
Un reciente informe sobre la gestión de residuos hecho público por el Senado, advierte del problema que tendrá España para cumplir los plazos que marcan las directivas europeas al respecto de la disminución de residuos en los vertederos. La Ponencia estaba compuesta por diez senadores (3 PP, 3 PSOE, 1 CiU, 1 PNV, 1 Grupo Mixto, 1 Entesa pel Progresé de Catalunya) y en el informe de la misma se incluyen también las aportaciones de los casi 40 expertos que comparecieron en las diez sesiones de trabajo celebradas entre diciembre de 2014 y octubre de 2015. Al final del informe se aportan 19 recomendaciones para una adecuada gestión de los residuos que cumpla con las directivas europeas.
Así, el informe incluye numerosas referencias al modelo de vertido que sigue vigente en determinadas comunidades autónomas y a sus costes ambientales. Y es que en España, con sólo un 30% de reciclado (frente al 42% de media comunitaria), seguía siendo en 2012 el país que más toneladas de residuos llevaba a sus vertederos, básicamente porque es lo más barato. Países como Italia o el Reino Unido han conseguido invertir sus tendencias en cuanto a residuos, imponiendo cánones y aumentando la fiscalidad en los vertidos y bonificando el reciclaje. El informe determina que el problema fundamental de nuestro país "es la excesiva dependencia del vertido".
Entre las recomendaciones del informe se recogen la incorporación de todos los costes asociados en el precio del vertido (desde el precio del suelo, construcción, explotación, y mantenimiento de la instalación durante los 30 años siguientes a su clausura) y el establecimiento de un canon disuasorio para el vertido que permita la creación de un Fondo que se revierta a los municipios para desarrollar medidas de prevención y reciclado.
Finalmente se establece una hoja de ruta para que en 2020 se prohíba el depósito en vertedero de ningún residuo que no provenga de los rechazos generados en procesos de reciclado o valorización.
