Hace pocas semanas se han producido dos resoluciones judiciales que han corregido dos decisiones nefastas tomadas por la anterior administración, que afectaron al Hospital Comarcal de Inca. Se trata de la destitución del jefe de servicio de pediatría y de la liquidación del propio servicio y su adscripción funcional y organizativa al del Hospital Son Espases.
En una primera resolución, un tribunal revocó el cese del Dr. Utrera como jefe de servicio de pediatría y, consecuentemente, ordenó su reposición en el puesto y funciones. La segunda resolución de los tribunales ha sido declarar nula la disolución del servicio y ordenar su restitución como elemento organizativo del hospital, con plena autonomía del de Son Espases.
Las dos decisiones habían perjudicado gravemente el funcionamiento de la pediatría en el hospital de Inca, habían resultado incomprensibles para los profesionales de la casa y no eran sino iniciativas arbitrarias, injustas y, como han dictaminado los tribunales, contrarias a derecho del anterior gerente y del anterior director general del IB-SALUT.
Después de casi dos años se ha restituido la lógica y la razón y se ha empezado a reconstruir el funcionamiento normal del hospital y a reparar las graves disfuncionalidades que el desatino había provocado. Podría decirse que se ha hecho justicia, y así ha sido, pero no completa. Los responsables de estas decisiones contrarias a derecho no recibirán ningún castigo, ni siquiera una amonestación.
Cuando un funcionario o empleado público, desde un puesto de alta responsabilidad, toma una decisión ilegal que perjudica gravemente a otros funcionarios y a los ciudadanos y así es confirmado por los tribunales, debería recibir un castigo. No me refiero a las decisiones delictivas, prevaricación u otro tipo delictuoso, que, lógicamente, deben ser perseguidas penalmente, sino a las decisiones que, sin que se pueda suponer, o demostrar, que eran delito, sí que han sido manifiestamente contrarias a derecho y han producido perjuicios importantes a terceros.
En esos casos, las personas involucradas deberían ser inhabilitadas durante un tiempo para cargos de responsabilidad similar al ostentado, o recibir una anotación en su expediente que les penalice y reste puntos en futuras oposiciones o concursos para puestos en la administración pública. Si las conductas irresponsables, arbitrarias y abusivas no empiezan a ser castigadas se perpetuarán, que es lo que ha venido sucediendo, y sigue, hasta el momento. Y lo mismo debería aplicarse a los abogados del estado que avalan con informes jurídicos decisiones que después son anuladas por los tribunales.
