Delito continuado de prevaricación

Ferrer y Tur evitan declarar en el juicio por un supuesto amaño de un concurso de bomberos

El expresidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, y la exconsellera insular de Medio Ambiente, Sílvia Tur.
El expresidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, y la exconsellera insular de Medio Ambiente, Sílvia Tur.

El expresidente del Consell de Formentera Jaume Ferrer y la exconsellera insular de Medio Ambiente Sílvia Tur se han acogido este martes a su derecho a no declarar en el juicio contra ellos por el supuesto amaño de un proceso de selección de bomberos en 2012.

Ferrer y Tur no declaran. Al inicio de la vista oral, que tenía que haber comenzado este lunes pero se aplazó a este miércoles a la espera de un expediente en papel, ambos exdirigentes insulares han evitado declarar incluso a sus defensas, que ejercen, respectivamente, Fernando Mateas y Ascensión Joaniquet.

En el trámite de cuestiones previas, las defensas han solicitado la nulidad de las actuaciones a partir de diciembre de 2017, seis meses después de incoarse las diligencias al considerar que se habían vulnerado los plazas. La Sala ha deliberado y ha considerado correctos los plazos.

Ferrer y Tur están acusados de un delito continuado de prevaricación administrativa y piden para ambos 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Según se recoge en el escrito de acusación del Ministerio Público, los mandatarios se pusieron de acuerdo para arbitrariamente beneficiar a determinadas personas en un proceso de selección del cuerpo de Bomberos de Formentera. Para ello, habrían dictado resoluciones, hicieron gestiones y omitieron actos sin justificación alguna.

El Ministerio Público sostiene que los acusados obviaron las criterios de selección publicados en el BOIB en relación al proceso para efectuar los nombramientos de varios aspirantes que no cumplían algunos de los criterios.

Fiscalía, por otra parte, descarga de responsabilidad a la que fuera vicepresidenta de la institución insular, Sonia Cardona, y al exgerente del Consell, Isidor Torres, y no ejerce acusación contra ellos. Torres, a pregunta de su defensa ha defendido el proceso de la adjudicación.

En el trámite de cuestiones previas, las defensas han solicitado la nulidad de las actuaciones a partir de diciembre de 2017, seis meses después de incoarse las diligencias, al considerar que se habían vulnerado los plazos. La Sala ha deliberado y los ha considerado correctos.

DECLARACIÓN DEL BOMBERO

La vista ha seguido con la declaración del bombero que resultó supuestamente perjudicado en el proceso y a quien años más tarde un Tribunal Contencioso Administrativo estimó una demanda declarando nulos los nombramientos y reconociéndole a él como bombero colaborador.

El testigo ha reconocido que tras el proceso selectivo conoció "por filtraciones de compañeros" que se había nombrado a dos personas sin tener los requisitos para ello, por lo que inició un proceso de reclamaciones. El hombre cree que al finalizar el proceso él tenía que haber sido nombrado, ya que se ofertaban cinco plazas. Él quedó séptimo y, además de las dos personas que no cumplían los requisitos, una persona renunció, por lo que le correspondía a él acceder al puesto.

El perjudicado ha insistido en las "filtraciones" de compañeros gracias a las cuales pudo saber que uno de los beneficiados no tenía el preceptivo carné de conducir de camión ni posibilidad de conseguirlo en plazo y que el segundo tenía 19 años, lo que también le imposibilitaba, según las bases. El testigo ha insistido en que las alegaciones y reclamaciones presentadas ante el Consell de Formentera siempre tuvieron resultado negativo. El bombero ha explicado que cuando llamaba a la institución insular para interesarse por la cuestión "le decían que todo estaba bien".

A preguntas de la acusación particular, el testigo ha asegurado que los acusados conocían a los aspirantes que fueron nombrados sin cumplir los requisitos para ello y en un momento determinado ha apuntado a una relación "de colegueo".

El juicio ha quedado este martes visto para sentencia -se habían previsto tres jornadas y únicamente se ha necesitado una- después de de que hayan comparecido como testigos los bomberos que resultaron beneficiados del supuesto amaño del procedimiento selectivo.

El primero, que quedó sexto en el proceso, ha reconocido que en el momento de iniciarse el proceso tenía 19 años y que no tenía el carné de conducir C, permiso que obtuvo en 2014, momento en que cumplió 21 años y en el que fue llamada a incorporarse como bombero colaborador.

El segundo ha admitido también que en el momento de inscribirse en el proceso no tenía el carné C y que lo obtuvo más tarde.

Ambos testigos han negado cualquier relación de influencia con los acusados y que les pudiera haber beneficiado en el proceso selectivo y han asegurado que la no posesión del permiso de conducir preceptivo de camión no suponía la expulsión del cuerpo sino la valoración de la expulsión.

Fiscalía mantiene la petición de 12 años de inhabilitación contra Ferrer y Tur al considerar que ha quedado acreditado que los exdirigentes insulares hicieron una interpretación arbitraria de las bases del procedimiento selectivo para determinar a dos personas.

Las defensas, por su parte, han insistido en la nulidad de las actuaciones posteriores a diciembre de 2017 y han reclamado la absolución de los acusados. Han admitido que el procedimiento de selección no se hizo correctamente, pero rechazan que se pueda atribuir a los acusados la comisión de un delito de prevaricación, que requiere un dolo e intención por parte de los investigados.

DELITO CONTINUADO DE PREVARICACIÓN

Ferrer y Tur están acusados de un delito continuado de prevaricación administrativa y piden para ambos 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Según se recoge en el escrito de acusación del Ministerio Público, los mandatarios se pusieron de acuerdo para arbitrariamente beneficiar a determinadas personas en un proceso de selección del cuerpo de Bomberos de Formentera. Para ello, habrían dictado resoluciones, hicieron gestiones y omitieron actos sin justificación alguna.

El Ministerio Público sostiene que los acusados obviaron las criterios de selección publicados en el BOIB en relación al proceso para efectuar los nombramientos de varios aspirantes que no cumplían algunos de los criterios.

Fiscalía, por otra parte, descarga de responsabilidad a la que fuera vicepresidenta de la institución insular, Sonia Cardona, y al exgerente del Consell, Isidor Torres, y no ejerce acusación contra ellos.

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