La Fiscalía Provincial de Madrid tardó nueve años en poner cifras al negocio. El escrito de acusación, fechado el 29 de abril de 2026, solicita 447 años de prisión para el paparazzi Gustavo González por su presunta participación en una red que obtenía datos confidenciales de archivos policiales para generar contenidos en el programa Sálvame, emitido en Telecinco. No es una cifra simbólica ni un error tipográfico. Responde a la acumulación de 127 delitos de descubrimiento y revelación de secretos con ánimo de lucro, aunque el Código Penal limite el cumplimiento efectivo a un máximo de 15 años en caso de condena.
Esa distancia entre el número del titular y la cárcel real es parte del problema. Y también parte del relato.
EL MECANISMO: DATOS POLICIALES CONVERTIDOS EN EXCLUSIVAS DE TELEVISIÓN
El origen de todo se remonta a 2017, cuando Asuntos Internos de la Policía Nacional detectó que en televisión se estaban difundiendo datos procedentes de atestados policiales. A partir de ahí, la investigación reconstruyó una dinámica que, según la acusación, se prolongó entre 2009 y 2018: casi una década de consultas ilegales a bases de datos restringidas para alimentar un programa de entretenimiento.
El esquema que describe la Fiscalía no es complejo. Es metódico. El agente Ángel Jesús Fernández Hita accedía sin justificación laboral a sistemas internos de la Policía Nacional y facilitaba a González atestados, antecedentes, matrículas, direcciones y datos íntimos de personajes públicos. Lo hacía a través de WhatsApp. González los convertía en contenido. El contenido se emitía. Y el programa subía de audiencia.
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Nadie detuvo el circuito durante nueve años.
La Fiscalía identifica 142 víctimas, entre ellas Isabel Pantoja, Kiko Rivera, Belén Esteban y Alfredo Di Stéfano. El instructor de la causa, el magistrado Marcelino Sexmero, elevó esa cifra en fases anteriores: al menos 182 ciudadanos cuyos datos habrían sido consultados, entre ellos Omar Montes y Arantxa Sánchez Vicario. La discrepancia entre las dos cifras refleja lo que ocurre cuando un caso lleva años instruyéndose: algunos hechos no pasan el filtro de la acusación formal aunque consten en el expediente.
TRES ACUSADOS, UNA SOLA ESTRUCTURA
El agente Fernández Hita afronta una petición de 555 años de cárcel —la más alta de toda la causa— al ser acusado de utilizar su cargo para apoderarse de datos reservados sin ninguna justificación laboral. Un tercer implicado, el agente Iván Caveda, enfrenta una solicitud de 16 años por colaborar puntualmente en las consultas cuando su compañero no podía realizarlas.
Pero la arquitectura del caso no termina ahí. El auto del magistrado Sexmero señalaba que la dirección del formato vespertino "promovía la búsqueda de información personal e íntima reservada", y proponía a La Fábrica de la Tele como responsable civil directo y a Mediaset como responsable civil subsidiario.
Y sin embargo, la Fiscalía ha optado finalmente por concentrar la acusación penal en González, Fernández Hita y Caveda, solicitando el archivo para el resto de investigados. Entre quienes no enfrentan petición de pena de prisión, pese a aparecer en el relato de hechos como receptores de datos, figuran el colaborador Diego Arrabal, el director David Valldeperas y la fallecida Mila Ximénez.
El problema real no es quién aparece en el escrito. Es quién no aparece.
LO QUE EL CASO DEJA AL DESCUBIERTO
El Ministerio Fiscal subraya en su escrito el impacto emocional de las víctimas: "inquietud, miedo a la revelación y a sus consecuencias, zozobra y ansiedad", según la cita literal recogida por la acusación. Son palabras que describen algo concreto: la sensación de saberse vigilado por el Estado sin haberlo pedido, sin saberlo, y sin que nadie rinda cuentas durante casi una década.
Lo que nadie explica con suficiente claridad es cómo un agente de la Policía Nacional pudo acceder de forma sistemática a bases de datos reservadas durante años sin que ningún mecanismo interno de control lo detuviera. La pregunta no es solo judicial. Es institucional.
España ha visto otros casos de espionaje a personas públicas donde las peticiones fiscales alcanzan cifras astronómicas y las condenas finales quedan muy por debajo. El caso Villarejo lleva años desgranando piezas en la Audiencia Nacional con ese mismo patrón. La cifra de 447 años cumple una función comunicativa —señala la escala del daño— pero la realidad procesal es la que marca la ley: el techo efectivo, si González es condenado en todo lo pedido, sería de 15 años.
Eso no reduce la gravedad. La encuadra.
Juicio oral pendiente. El escrito de acusación abre el camino hacia el juicio oral, pero todavía no hay fecha. La defensa de González, que en fases anteriores negó cualquier irregularidad, deberá presentar su acusación alternativa.
La responsabilidad civil de las productoras. La Fábrica de la Tele y Mediaset figuran como responsables civiles en el expediente. Las indemnizaciones a las 142 víctimas reconocidas podrían alcanzar sumas significativas si la condena prospera, y ese frente aún no está resuelto.
El silencio del control interno policial. La investigación sobre cómo Asuntos Internos tardó años en detectar las consultas ilegales de Fernández Hita no ha tenido continuidad pública conocida. Es el flanco que el caso penal no cubre.
