Cajas acumuladas en las oficinas de los juzgados de Sa Gerreria
La inminente entrada en vigor de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia ha desatado una situación de "desorganización generalizada en los juzgados de Palma", según denuncia el sindicato CSIF, que advierte de "escenas impropias de un servicio esencial". "Juzgados llenos de cajas, funcionarios sin ubicación definida, atención al ciudadano interrumpida y dudas sobre la seguridad de documentación sensible" aseguran.
Según explican fuentes del CSIF, varios juzgados, sobre todo de Sa Gerreria, llevan días "colapsados por cajas" como consecuencia de una mudanza que debía realizarse en jornadas no hábiles para no interferir en el trabajo diario. Sin embargo, la Administración ha iniciado los traslados "en pleno calendario laboral y sin avisar al personal", lo que ha provocado, señalan, “una situación absolutamente caótica”.
El sindicato alerta de que el próximo 31 de diciembre debería entrar en funcionamiento el Tribunal de Primera Instancia, uno de los ejes de la Ley de Eficiencia, pero considera que esa previsión "es irreal" en el contexto actual. “Ahora mismo la sensación es que esa fecha no se puede cumplir de ninguna manera”, apuntan las mismas fuentes sindicales.
Entre los episodios más graves, CSIF denuncia que se ha interrumpido la atención al público en plena jornada. “Ha habido funcionarios atendiendo a ciudadanos a los que se les ha retirado el ordenador mientras trabajaban, impidiéndoles continuar. Es una auténtica locura”, relatan. A ello se suma que muchos trabajadores no saben dónde deben ubicarse, y que la información sobre traslados o cambios de puesto se está comunicando con "simples pósits" colocados sobre las mesas.
La falta de planificación ya tiene consecuencias directas sobre la ciudadanía. Desde el sindicato aseguran que numerosas personas están acudiendo estos días a los juzgados, especialmente en la zona de Sa Gerreria, y no están pudiendo ser atendidas, pese a tratarse de días hábiles. “El juzgado está abierto, pero no puede funcionar con normalidad”, resumen.
CSIF también expresa su preocupación por el tratamiento del material judicial durante el proceso de mudanza. “Hablamos de expedientes con información muy sensible, documentos que pueden influir directamente en la vida de los ciudadanos. No tenemos garantías de que se esté cumpliendo correctamente la normativa de protección de datos”, advierten.
La situación afecta igualmente a otros operadores jurídicos. Los procuradores, explican desde el sindicato, se encuentran “completamente desorientados”, sin saber a qué dependencias dirigirse ni dónde realizar sus gestiones ante los continuos cambios de ubicación.
“No se puede trabajar rodeado de cajas, con traslados improvisados y retirando equipos informáticos mientras se está atendiendo al público”, insisten desde CSIF, que reclama orden, planificación y comunicación antes de avanzar en la implantación efectiva de la Ley de Eficiencia.
A pocos días de la fecha marcada, el diagnóstico del sindicato es contundente: "la reforma judicial avanza sin organización y está deteriorando tanto las condiciones laborales como el servicio que recibe el ciudadano".
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