La dirección de Renfe ha decidido que el tren de Alta Velocidad que iba de Toledo a Cuenca y Albacete deje de circular, después de que durante un año tuviera una ocupación media de nueve pasajeros. La decisión, por supuesto, está más que justificada, aunque en la carta de derechos humanos castellano manchega pueda figurar que estos nueve ciudadanos deben disponer de un tren de alta velocidad en la puerta de sus casas. A la vista de este despropósito, a mí me surge una pregunta: ¿cómo es posible que en un país serio se pueda poner en marcha un tren de Alta Velocidad entre dos o tres ciudades sin un estudio previo de demanda? En todo el mundo existe este tipo de trabajos, que más allá de lo que dice el sentido común -que tampoco recomienda este tren-, analiza los flujos existentes entre dos puntos y por un sistema de proyecciones establece la posible demanda. La respuesta es que esta fue una decisión política, irresponsable y gratuita. En Baleares también conocemos planteamientos de este tipo. Cuando las compañías aéreas eran públicas, Iberia creó una filial que se llamaba Binter a la que le pusieron vuelos entre Ibiza y Menorca. Después de pasear el avión durante un mes, prácticamente sin ningún pasajero, se decidió suprimir el servicio. Algo similar pasó con el Metro y ahora va a pasar con el tren a Artà. Es hora de que en España, por un acto de eficacia pero también por vergüenza, empecemos a trabajar en serio: evaluemos demandas, sepamos qué pérdidas puede tener un servicio y después, con los elementos de juicio claramente sobre una mesa, decidamos. Es aceptable tener servicios públicos que pierden dinero, pero debemos saber exactamente de qué estamos hablando, cuántos beneficiarios tienen, qué nos cuesta.
