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Una gestión de la crisis por las menores explotadas que va a peor

martes 25 de febrero de 2020, 00:00h

La comisión de expertos que debía analizar la problemática en torno a las menores tuteladas que son víctimas de explotación sexual está encontrando dificultades antes incluso de estar oficialmente constituida. El catedrático asturiano especialista en protección a la infancia Jorge Carlos Fernández del Valle -quien debía coordinar los trabajos- hizo pública este lunes su renuncia antes de ser ratificado en la reunión del Consell Rector del IMAS. Fernández del Valle fue propuesto para esta función por la institución que preside Catalina Cladera la semana pasada; sin embargo, las críticas suscitadas en torno a su nombramiento han ejercido una presión que ha llevado a su renuncia.

El catedrático ya desempeñó similar función cuando, entre 2008 y 2009, fue el encargado de establecer unos sistemas de prevención que diez años después, a la vista de los casos que se van conociendo, parecen fracasados. Por ese trabajo, la institución entonces presidida por Francina Armengol le abonó 60.000 euros. Las críticas de la oposición no se han hecho esperar y el catedrático ha optado por dejar vacante un puesto al que habrá que buscar sustituto.

Mientras tanto, la gestión de la crisis en el seno tanto de Govern como del Consell sigue generando polémicas y tensión entre los socios. Una vez rechazada por los partidos del Pacte la creación de una comisión de investigación -sustituida por la citada comisión de expertos en el Consell que tardará en arrancar-, ha vuelto a aflorar la incomodidad de Més en este asunto, toda vez que está sintiendo como queda sobreexpuesta su consellera Fina Santiago mientras parecen exigirse menos responsabilidades a los cargos del PSOE.

Los distintos episodios que se van produciendo estos días -y la falta de una voluntad política para investigar el asunto hasta el final- apuntan a que el problema bien podría persistir otros diez años sin que se depuren responsabilidades ni se arbitren nuevos controles.

Durante el fin de semana, el diputado ecosoberanista Josep Ferrà acusó al portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Andreu Alcover, de "mentir" al afirmar "no saber de quién salió la idea de crear una comisión de expertos". El propio portavoz de la formación en el Parlament, Miquel Ensenyat, defendió este lunes que a "Més le venía bien una comisión de investigación", alineándose con lo expresado por Ferrà. La llamada a la coherencia llegó posteriormente por boca de la portavoz socialista Silvia Cano, quien recordó que la comisión de expertos "se aprobó con el voto a favor de todos los socios", un dato innegable que Més debe asumir por mucho que se escude en afirmar que votó en contra por no vulnerar desde el Parlament competencias del Consell.

Esgrima política aparte, los distintos episodios que se van produciendo estos días -y la falta de una voluntad política para investigar el asunto hasta el final- apuntan a que el problema bien podría persistir otros diez años sin que se depuren responsabilidades ni se arbitren nuevos controles. El riesgo es que ante los ciudadanos se dé la sensación de que se actúa tarde y mal porque se anteponen intereses partidistas al esclarecimiento del mayor escándalo de los últimos tiempos en el seno de las instituciones de Baleares y a la protección de unos niños y adolescentes en clara situación de vulnerabilidad.


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