El GOB-Menorca ha manifestado este lunes que "a pesar de las numerosas condiciones jurídicas que intervienen" mantiene "la esperanza de que el cambio institucional en el Consell insular permita reconducir las obras que se están realizando en la carretera general, de manera que Menorca tenga una carretera adecuada, proporcional a las necesidades reales y que sea ejemplo para otros territorios".
La entidad ecologista ha difundido un comunicado en el que explicado que la "Plataforma ciudadana para el diálogo en la carretera" ha expuesto a la nueva presidenta del Consell y responsable de Carreteras, Maite Salord, la petición de replantear estas obras y conocer con detalle las actuaciones que se quieren llevar a cabo en el resto de tramos, comprendidos entre Alaior y Ciutadella.
El tramo Maó-Alayor, en el que se actúa en este momento, cuenta con proyecto adjudicado: "las obras iniciadas incluyen intervenciones que se consideran desproporcionadas por las necesidades técnicas que presentan", ha afirmado el GOB.
La plataforma ha solicitado que se preste especial atención a las rotondas de dos pisos que se quieren construir en Biniai, Rafal Rubí y La Argentina: "en estos últimos lugares las obras ya han dado comienzo, pero queda mucho trabajo para que discurra la carretera encima, construir los cuatro carriles -dos de bajada y dos de subida- además de la rotonda del piso inferior".
En opinión de este colectivo, el primer tramo de la carretera general de Menorca fue modificado por motivos políticos y no técnicos.
"La desproporción de estas obras ha provocado muchas protestas, tanto por las afectaciones ambientales como por los efectos económicos, y ha proyectado una imagen de Menorca hacia el exterior nada adecuada con su consideración de Reserva de la Biosfera", ha subrayado.
En este encuentro, la presidenta Maite Salord manifestó la coincidencia general en el análisis y explicó las gestiones que se realizan para hallar los caminos legales destinados a minimizar los efectos de las obras y el replanteamiento de los lugares afectados más problemáticos.
Ello implica un detallado estudio jurídico además de negociaciones con el Ministerio de Fomento, que paga estas obras, y las empresas concesionarias.
