El Gobierno impondrá el reparto de menas si las comunidades no llegan a un acuerdo

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto-ley junto con Junts, que fija el 20 de marzo de 2026 como plazo máximo para reubicar a todos los menores migrantes no acompañados que actualmente se encuentran en territorios con sobreocupación, como Canarias, Ceuta y Melilla. El decreto otorga un plazo máximo de tres meses (hasta el 20 de junio de 2025) para que la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia defina los criterios de distribución.

El “Real Decreto-ley de medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia” publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entra en vigor de inmediato, introduce criterios obligatorios de reparto para distribuir a los menores entre las distintas comunidades autónomas. Entre los factores que se tendrán en cuenta para este reparto figuran la población, la renta per cápita, la tasa de paro, el número de plazas disponibles para acogida y la condición de ciudad fronteriza o insular.

Además, el texto establece que la situación de contingencia migratoria extraordinaria se activará en aquellas comunidades cuyo sistema de protección de menores triplique su capacidad ordinaria.

El decreto otorga un plazo máximo de tres meses (hasta el 20 de junio de 2025) para que la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia defina los criterios de distribución. Sin embargo, si las comunidades autónomas no alcanzan un acuerdo por unanimidad, el Gobierno aplicará directamente los criterios fijados en la nueva norma. Una decisión que choca con las declaraciones de la consellera de Familias y Asuntos Sociales de las islas, Catalina Cirer, que en el pleno del Parlament de ayer, manifestó que es “materialmente imposible” acoger a estos jóvenes en Baleares.

Este mecanismo de reubicación introduce además un plazo de 15 días para futuras redistribuciones en casos de sobreocupación, contados desde la inscripción del menor en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados.

Para facilitar la aplicación de esta medida, el decreto incluye la creación de un fondo económico adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia, con un crédito extraordinario de 100 millones de euros para 2025 destinado a las comunidades autónomas que reciban menores.

Además, se establece que antes del 31 de marzo de 2025, las comunidades deberán remitir sus datos de acogida para determinar su capacidad de protección. Para los años sucesivos, este cálculo se actualizará anualmente con base en la población total de cada región.