La portavoz del Govern, Pilar Costa, ha defendido hoy la regulación del alquiler turístico acordada por el ejecutivo porque "mira por el interés general", en respuesta a la advertencia realizada este jueves por la compañía Airbnb que calcula que puede implicar pérdidas anuales de 550 millones para la economía. Costa ha asegurado sobre la normativa cuestionada que "regula un servicio que en muchas ocasiones se estaba dando de facto y no tenia una regulación suficientemente clara", en la rueda de prensa posterior a la reunión hoy del Consell de Govern.
"Respetamos las valoraciones que puedan hacer distintas partes y, en este caso una empresa, que se puedan ver afectadas", ha agregado.
