El Govern ha presentado el primer paquete de medidas para hacer frente a los efectos económicos derivados del conflicto en Oriente Próximo, tras una reunión con agentes sociales, sectores económicos, consells insulares y ayuntamientos.
La presidenta, Marga Prohens, ha anunciado la movilización de más de 160 millones de euros con el objetivo de “proteger el tejido empresarial, preservar los puestos de trabajo y evitar que el incremento de costes acabe repercutiendo directamente en la cesta de la compra”.
El plan se articula en cinco grandes bloques. El primero contempla 75 millones en líneas de crédito a través de ISBA para empresas y autónomos, con financiación pública del 100% de los avales y del 90% de los intereses.
El segundo bloque incluye 36,75 millones en ayudas directas: 13,5 millones para el sector primario, 9,75 millones para el transporte de mercancías, transporte discrecional y sector del taxi; y otros 13,5 millones para industria, construcción y comercio, con compensaciones por el encarecimiento de materias primas y transporte.
En tercer lugar, el Govern prevé simplificar la tramitación administrativa para agilizar la concesión de ayudas. El cuarto bloque incorpora medidas fiscales, como la recuperación de deducciones en el IRPF por hipotecas variables y bonificaciones en tasas portuarias.
Por último, se destinan 45 millones a la revisión de precios en contratos públicos para garantizar su viabilidad ante la escalada de costes.
Prohens ha subrayado que se trata de un primer paquete, ampliable según evolucione el conflicto, y ha reclamado al Estado compensaciones específicas para Baleares por su condición insular.
"Creemos que es una reclamación que suscita consenso ya que todos los sectores económicos de Baleares coinciden en que las medidas estatales son insuficientes para nuestra comunidad autónoma, obviando la realidad insular", ha declarado la presidenta del Govern.
El decreto ley se aprobará el próximo miércoles en un Consell de Govern extraordinario.
