Tras la quinta votación, a las 19:05 del 13 de marzo del año 2013, los miembros del Colegio Cardenalicio eligieron como el papa número 266 de la Iglesia Católica a Francisco, sucesor de Benedicto XVI. Existe una transcripción de una entrevista que le hicieron antes de su elección al entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio, en su país natal Argentina, que no vio la luz y en la que el entonces cardenal hacia un repaso a los políticos y les culpabilizaba de provocar la pobreza de la gente:
“Ustedes han creado el estado de bienestar y ha sido una respuesta a las necesidades de los pobres creados por la política. El estado interventor absuelve a la sociedad de su responsabilidad. Las familias escapan de su responsabilidad en el estado de bienestar e inclusive, las iglesias. La gente ya no practica la caridad pues ve a los pobres como problema del gobierno. Para la iglesia ya no hay pobres que ayudar, los han empobrecido permanentemente y son ahora propiedad de los políticos.
Algo que me irrita profundamente, es la inhabilidad de la media para observar algún problema sin analizar cuál es la causa. A la gente la empobrecen para que luego vote por quienes los hundieron en la pobreza.”
“A la gente la empobrecen para que luego vote por quienes los hundieron en la pobreza”, frase perfectamente aplicable a España si vemos los resultados de las últimas elecciones generales en las que los lectores han dado repetidamente su confianza al Partido Popular, un partido que ha funcionado como una organización criminal, según lo dicho la Guardia Civil para referirse al PP valenciano, como un entramado corrupto para financiarse y está formado por demasiadas personas con conductas punibles o deplorables y por otras que las han permitido o incluso encubierto, hablamos, recordémoslo, de un partido imputado como organización en Valencia y Madrid.
Y en la cresta de la ola Rajoy y Montoro, su mano derecha, se jactan de que el Estado va a ingresar lo mismo que en el año 2007 (también lo dijo el año pasado y de nuevo infló una previsión de ingresos que luego se quedó muy corta), y sin embargo el gasto social del que disfrutan los ciudadanos sigue con el cinturón abrochado donde más aprieta, sin que se haya recuperado lo más mínimo.
La actividad económica española, lo que se conoce bajo el acrónimo PIB (Producto Interior Bruto), ya ha recuperado el nivel que tenía antes de la crisis tal y como el Gobierno se ocupa de recordar cada día y en el último trimestre de 2016 la economía española volvió a tocar su nivel más alto, el mismo que había conseguido en 2008, pero esta recuperación que reflejan las estadísticas sigue sin llegar a las personas.
El desempleo aún está en cifras de recesión (la cifra de desempleados se sitúa en niveles de febrero de 2009 con una cifra de 3.461.128), las prestaciones sociales y derechos que se recogen en las cuentas públicas siguen en estado de crisis.
Mientras la crisis sigue golpeando a los más débiles, el Estado tendrá que hacerse cargo definitivamente de las autopistas de peaje que se encuentran en quiebra, lo que podría suponer un desembolso de entre 4.500 y 5.500 millones de euros.
Otra responsabilidad de la Administración a la hora de planificar las infraestructuras. La mayor parte de las autopistas que ahora están en quiebra se planificaron y construyeron antes de la crisis, en pleno boom económico, en tiempos de José María Aznar y de Cristóbal Montoro al mando de los dineros del Estado. Los ingresos por tráfico de vehículos proyectados entonces fueron muy superiores a los reales: en algunos casos sólo ha circulado el 16% del volumen previsto. Los gastos de las expropiaciones tampoco se hicieron adecuadamente, con desviaciones superiores al 600%, lo que se ha traducido en el ruinoso negocio que ahora tratan de enderezar con dinero público. Este despropósito se debe, en principio, a una mala planificación económica, pero el agujero ocasionado por esta mala gestión es muy importante, por lo que consideramos imprescindible que desde la Administración se abra una investigación para saber qué ha pasado realmente con estas concesiones y delimitar las correspondientes responsabilidades.
Otra mentira de este inmundo gobierno. El Gobierno había prometido que el rescate de las autopistas deficitarias no costaría un euro a los contribuyentes.
Por lo que podemos concluir que Hacienda somos todos, pero unos (los pobres) más que otros (los ricos).
