El Tribunal Supremo ha dictaminado que el Gobierno de Zapatero actuó al margen de la ley cuando anuló el convenio de carreteras, lo que puede ocasionar que el Govern recupere 333 millones de euros. Tal y como están las cosas, ese dinero puede suponer pan bendito para las arcas autonómicas. El Govern lo tiene muy fácil: que pregunte a Salgado cuánto dinero tiene que devolver por los impuestos y que reste el montante del convenio de las carreteras. El Ejecutivo de Bauzá todavía saldrá beneficiado, pero lo llamativo es el silencio del PSOE, que aplaudió a rabiar que la ministra Magdalena Álvarez suspendiese el convenio de carreteras que ejecutaba el gabinete de Matas. Eso en política tiene un nombre: sectarismo puro y duro.
