La Oficina Anticorrupción de Jaime Far tramitará la denuncia presentada contra el ex concejal de Hacienda de Ibiza, Alfonso Molina, y la empresa Citelum, adjudicataria del alumbrado público municipal, que lo ha fichado. Las informaciones publicadas por mallorcadiario.com la última semana han puesto de relieve un caso de "puertas giratorias" que es de libro y sobre el que son necesarias respuestas.
El fichaje de Molina por Citelum se produjo sin que hubieran transcurrido los dos años que la normativa de incompatibilidades exige para que los altos cargos de la Administración local puedan trabajar en una empresa que ostenta una concesión administrativa y que atiende asuntos en los que el cargo político haya tenido una responsabilidad directa. Los dos años preceptivos no se cumplirían hasta el próximo mes de mayo, dado que Molina dimitió de su cargo en mayo de 2018.
Los contactos de Molina con Citelum -debidos a su cargo ostentado en el Ayuntamiento de Ibiza- se remontan como mínimo a 2016, cuando el concejal fue el encargado de negociar un acuerdo con la empresa sobre la resolución extrajudicial de un contencioso entre la empresa en la que ahora trabaja y el consistorio. La "puerta giratoria" queda así servida en bandeja, dando, una vez más, la imagen de que una empresa premia a un político con el que tuvo relación en el ejercicio de su cargo y sobre asuntos que le atañen directamente.
Molina no es el primero, ni será el último político que encuentra en el desempeño de un cargo público el trampolín para lograr un puesto directivo en una empresa con la que trató en su etapa pública. La práctica, común en otros tiempos, ha sido censurada por los partidos de todo el abanico político y el concepto "puerta giratoria" es reprobado por todos, independientemente de que este tipo de prácticas puedan derivar en acciones judiciales si se demuestra que hay razones para tales investigaciones.
Partido Popular y Ciudadanos han pedido explicaciones del caso al alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, mientras que Podemos -socios del PSOE en el consistorio ibicenco- han señalado que “comportamientos así, más allá de que sean legales o no, empañan y desacreditan la política porque no nos parecen éticos". El PSOE, por su parte, no se ha manifestado, aunque ante la intervención de la Oficina Anticorrupción y el más que previsible debate sobre el asunto en el pleno municipal, no puede retrasar más un pronunciamiento. El PSOE haría bien en adelantarse, mientras que la Oficina Anticorrupción tiene en este caso un ejemplo ideal para demostrar su utilidad.
