El Govern prepara una nueva ley medioambiental que, entre otras cuestiones, pretende limitar la entrada de vehículos en Formentera en determinadas épocas del año. La iniciativa ha despertado todo tipo de opiniones en favor y en contra. Por una parte, hay quienes celebran la medida ante lo que se presume como una nueva temporada récord de llegada de turistas, llegando incluso a plantear que la iniciativa se extienda a Ibiza y, quizá, a otros puntos de la comunidad, como determinados enclaves turísticos de Mallorca. Por contra, otros sectores consideran que la idea resulta improvisada, poco realista y dudan de las competencias legales que sobre el asunto tiene la administración autonómica.
Sea como fuere, la propuesta recuerda mucho a la penalización al turismo que supone la ecotasa. Es un proceso en el que se empieza demonizando las carreteras y se sigue cuestionando la presencia de vehículos, para acabar en una posición que no se sabe adónde puede llevar. Es una forma de actuar que identifica al turista más como un invasor que como un elemento de generación económica y de progreso.
No hay sector en Balears que, hoy en día, no apueste por un turismo sostenible. Por eso, las administraciones deberían actuar con mayor rigor, tomando las decisiones en base a sólidos estudios económicos, demográficos y urbanísticos; una posición que no parece estar detrás de actuaciones como la que nos ocupa. El Govern y los Consells tienen recursos legislativos para regular la protección del medioambiente. Son elementos que permiten ordenar la planificación urbanística, proteger el suelo rústico, marcar alturas en la edificación, poner un techo de habitantes en según qué zonas, reglamentar el caos que supone el alquiler turístico... Son decisiones que exigen valentía y trabajo.
No hacerlo y recurrir a la fórmula fácil de impedir la entrada de vehículos alimenta una imagen negativa del turismo, del que parece que queremos su dinero pero que no nos molesten demasiado unos cuantos días al año.
