El reciente ataque de Estados Unidos, Reino Unido y Francia a supuestas instalaciones de fabricación y almacenamiento de armas químicas del régimen de El Assad, ha sido, con toda probabilidad, absolutamente inútil en lo militar y en lo político, probablemente contraproducente en vistas a una solución negociada y ha sido ilegal y contrario al derecho internacional.
Un estado, o estados en este caso, no puede atacar a otro estado soberano más que en caso de legítima defensa, solicitud de ayuda o aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. En este caso no se ha dado ninguno de los tres supuestos, por lo que el ataque es manifiestamente ilegal.
¿Porqué se lanzan tres democracias liberales consolidadas, supuestamente respetuosas de la legalidad y los principios de las relaciones internacionales, a un ataque ilegal y militarmente inútil?. La excusa de la utilización de armas químicas por parte del ejército de El Assad contra su propio pueblo no es válida en sí misma, a no ser que se haya demostrado y que medie una aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. El ataque, sin embargo, se ha lanzado cuando los equipos internacionales de investigación ni siquiera habían llegado a la zona afectada y, por tanto, no existía ninguna evidencia fehaciente, contrastada y fiable de la exacta naturaleza de lo sucedido, ni tampoco de quién sería el responsable.
Es decir, los tres países agresores han dictaminado por su cuenta y riesgo que hubo ataque químico y que el responsable era el ejército del régimen sirio. Se han autootorgado las prerrogativas de juez, han dictado sentencia, y de ejecutor del castigo, han lanzado el ataque. Aducen que las armas químicas están prohibidas por las leyes internacionales de la guerra y que su utilización constituye un crimen contra la humanidad, lo que es cierto, pero no son ellos los que han de investigar y juzgar los hechos, sino las instancias internacionales reconocidas y habilitadas para ello, instancias de las que los tres agresores forman parte y cuyas funciones deberían respetar.
Por otra parte, el ejército de El Assad, que es sin duda un tirano y un criminal de la peor especie, ha perpetrado salvajadas tremendas durante los siete años que viene durando la guerra civil siria, que han causado muchas más víctimas entre la población civil que los supuestos ataques con armas químicas.
También está prohibido por las convenciones internacionales sobre la guerra el ataque a hospitales, instalaciones sanitarias de campaña y vehículos de transporte sanitario como las ambulancias y, sin embargo, tanto el ejército sirio como diversas facciones rebeldes han atacado sin piedad, deliberadamente y como estrategia de guerra, hospitales y centros sanitarios. Ello no solo produce víctimas inmediatas entre los pacientes y el personal sanitario de las instalaciones bombardeadas, sino que, al destruirlas y matar o discapacitar al personal médico, de enfermería y resto del personal sanitario, impide que la población tenga acceso a la asistencia sanitaria y, por tanto, el número de víctimas se multiplica, así como la desmoralización y precarización de los supervivientes.
Y a pesar de tanta indecencia, ni EE.UU., ni el Reino Unido, ni Francia, ni la OTAN, ni la UE han tomado ninguna medida militar. Han dejado deliberadamente que El Assad machacara a su población y, ayudado por Rusia, Hezbollah e Irán, esté en posición inequívoca de ganar la guerra y perpetuarse en el poder. Tal parece que hayan querido lavar su conciencia con un acto tardío, inútil e ilegal.
Intento vano. Toda la actitud de las potencias occidentales en la guerra de Siria ha sido un despropósito y una demostración de indecisión, pusilanimidad, inseguridad, confusión y desconcierto y, desde la llegada de Trump a la presidencia de EE.UU., es además errática, pretenciosa y arrogante.
Quien gana es El Assad, Rusia e Irán y también Turquía. Quien pierde es el pueblo sirio en su conjunto y sobre todo las minorías, como los kurdos, que después de haber sido decisivos en la lucha contra el Estado Islámico, ahora son abandonados a su suerte contra la invasión de su territorio, también ilegal, por el ejército turco. Otro episodio que cubre de vergüenza y oprobio a los gobiernos occidentales.
Y llama la atención la declaración del presidente Rajoy, que se suma, cómo no, a la aprobación de la operación, alegando que se trata de un acto legítimo, porque el uso de armas químicas es un delito de lesa humanidad. Resulta curioso que el campeón de la legalidad, que lleva meses poniéndose en la boca que la base de los sistemas democráticos es el respeto escrupuloso a la ley, justifique ahora una acción ilegal diciendo que es legítima. También un representante del gobierno francés ha aludido a una “legalidad legítima”. Interesante digresión ésta, que parece indicar que la legitimidad puede legalizar un acto ilegal. No soy jurista ni estoy ducho en filosofía del derecho, pero me parece una puerta abierta a justificar casi cualquier cosa.
Y la excusa de que el uso de armas químicas es un crimen contra la humanidad no vale, ya que primero se ha de demostrar y determinar el culpable. Claro que decidir sobre la culpabilidad de los adversarios antes de que lo hagan los tribunales no es inhabitual en la cultura política española, como no lo es exigir respeto a la ley a los otros mientras uno mismo se la salta sin la más mínima vergüenza.
