Una de las características de cualquier sistema fiscal es la progresividad, para asegurar un correcto reparto de la riqueza de un país. Siguiendo las bases de nuestro estado social, la distribución de rentas debe hacerse entre clases sociales y entre territorios. El objetivo, reducir las diferencias entre norte-sur que suelen ser acusadas en todos los países.
En cualquier caso, para afrontar estas brechas en términos de producto interior bruto y creación de riqueza, existen dos grandes alternativas. La primera de ellas es la de limitar las transferencias entre regiones aumentando el potencial de las zonas ricas y, a la vez, dejando a su merced a las zonas pobres. Éste sería el caso de Italia. Donde las diferencias en Pib per Cápita entre las regiones del norte (Lombardia, Tirol del Sur o Trentino) y las del sur (Sicilia, Calabria o Apulia) puede llegar a ser de más de 90 puntos porcentuales. Con ello, se consigue optimizar el sistema productivo de las regiones más ricas, pero a la vez, genera flujos migratorios mayores con un abandono de las ciudades sureñas –situación especialmente aguda vivida en Nápoles durante la crisis–. La otra alternativa, de corte más socialdemócrata, es la de subvencionar y realizar una mayor redistribución de la renta entre territorios como mecanismo para reducir las diferencias entre ellos, y a la vez, homogeneizar la sociedad de un país. Dicha alternativa tiene su origen en el principio de discriminación positiva, como método para alcanzar una igualdad real y efectiva. Es el caso de España, donde las regiones más ricas (Cataluña, Balears y Madrid) contribuyen al sustento de regiones tradicionalmente basadas en el sector primario.
Hecho este breve análisis, no esconderé que de entrada, mi forma de entender la sociedad y el sistema fiscal es aquella que permite una correcta distribución de la renta reduciendo grandes diferencias, como base del estado social que sustenta la democracia. Pese a esta declaración de intenciones inicial, a la hora de analizar políticas fiscales o asignaciones presupuestarias debemos razonar con argumentos basados en cifras y estadísticas, más allá de principios ideológicos, o discursos sinceros, que pueden estar viciados de fondo. En el caso de España, debemos hacer –a mi entender– tres consideraciones. La primera de ellas es que la capital, Madrid, al ser el centro y la sede de la mayoría de organismos y empresas públicas debe contribuir al correcto desarrollo de las regiones periféricas. Cataluña, pese al acusado déficit fiscal padecido también debe hacerlo. Y, finalmente las Comunidades Forales deberían participar del desarrollo y de los fondos interterritoriales. Se preguntarán el motivo de la ausencia de nuestra comunidad, de Balears. Miremos la evolución del PIB per Cápita (PpC). Madrid, en el año 2000 tenía un PpC de 21.333€ siendo un 33’9% superior a la media estatal. Cataluña, en el mismo año, tenía un PpC de 19.383€ siendo una diferencia positiva de 21’6 puntos porcentuales respecto a la media española. Respecto a las comunidades forales, los PpC de País Vasco y Navarra se situaban un 22% y 27% respectivamente superiores a la media. En el caso de Balears, éramos la tercera comunidad teniendo un PpC de 20.030€ (25’7% superior a la media española).
18 años después, hechas las correspondientes transferencias de rentas, vemos que las diferencias de PpC respecto a la media se sitúan en las mismas cifras en el caso de Madrid (+36’5%), Cataluña (+19’3%), País Vasco (+32’7%) y Navarra (+24’4%). Pero, en el caso de Balears, vemos que la diferencia se ha reducido drásticamente hasta ser solo del 3’8%. La redistribución de riqueza es necesaria siempre y cuándo no suponga pérdida de competitividad para esas regiones. Vemos que el déficit fiscal no tiene tanto impacto en las comunidades anteriormente citadas, pero en el caso de Balears, el déficit fiscal castiga la necesaria modernización de nuestro sistema productivo y nos lastra perdiendo puestos año tras año. Un Estado moderno no debe permitir que un exceso de solidaridad, un abuso de ella, suponga el deterioro de una de las comunidades autónomas con más potencial. Así pues, debemos reivindicar solidaridad sí, pero con límites.
Ahora, es la hora de que el Estado, después de 40 años, se plantee realizar inversiones serias en Balears para devolver a esta comunidad la riqueza relativa perdida durante estos años. Un gobernante serio y comprometido lo haría. De lo contrario, vamos camino de la pobreza. Que la hora no sea demasiado tarde.
He dicho.
