De momento, la ramificación de la operación Pokémon en Mallorca se salda con dos imputados: un empresario, que responde a las iniciales JM.M.C, y M.F.B., concejal del Ajuntament de Sant Llorenç. Según afirman fuentes judiciales, no se han producido detenciones.
No obstante, ninguno de ellos ha declarado ante la jueza, que se ha desplazado a Mallorca para la práctica de estas, diligencias.
En la causa se investigan los presuntos delitos de cohecho, tráfico influencias, prevaricación y blanqueo de capitales relacionados con la adjudicación de contratos de recogida de basuras o residuos sólidos del citado Ajuntament a una empresa relacionada con una de las sociedades investigadas en este procedimiento judicial.
