A pesar de que para muchos españoles estos días son un buen motivo para viajar y demostrar que Rajoy no cumplió con la promesa de trasladar los festivos para evitar improductivos puentes, este año le salva que hoy es viernes y que la Constitución Española se aprobó el 6 de diciembre de 1978 y no sería razonable conmemorar sus cuatro décadas de vigencia el lunes 3. Y anticipo el calendario del 2018, porque parece fácil anticipar que no habrá sido remozada para esa fecha.
Aunque los artículos 167 y 168 del Título X de la Carta Magna especifican los procedimientos ordinario y agravado que permiten, según su importancia, reformar alguno de sus apartados, a lo largo de su historia solo se ha conseguido modificar su contenido en 1992, para permitir el sufragio de los extranjeros en las elecciones municipales, y en 2011, para amparar la estabilidad presupuestaria exigida por Europa. Ambos puntos fueron de carácter ordinario y, aunque se prevén tres modalidades para su validación, las proposiciones deben ir suscritas por dos grupos parlamentarios o la quinta parte de los diputados y aprobado por los tres quintos de cada una de las cámaras.
Es obvio que la creación de una Comisión Parlamentaria para el estudio de su actualización, solo va a poner en evidencia que los requisitos para un mínimo consenso no se dan en estos momentos. De las cuatro grandes fuerzas políticas, solo coinciden Ciudadanos y Podemos en la reforma de la Ley Electoral y todos para el cambio en la precedencia monárquica, basada en la Pragmática Sanción y la Ley Sálica, recogida en su artículo 57.1
Mientras los Populares se sienten cómodos en el texto vigente y los socialistas divagan, sin concretar en la reforma del Estado y en cómo salvaguardar los derechos sociales y el estado del bienestar, quienes pretenden relevarles en el liderazgo conservador y progresista, aspiran a una reforma mucho más profunda. La formación naranja quiere renegociar las competencias transferidas, suprimir el Senado y las Diputaciones, reducir los aforamientos y garantizar la independencia judicial. Los morados, en cambio, pretenden derogar el art.135 -desoyendo la exigencia del Tratado de Maastrich-, reconocer el derecho a decidir de los pueblos, la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos sociales, de la educación y de la sanidad, así como su equiparación con los derechos civiles y políticos.
No cabe duda de que todos, en mayor o menor medida, comprenden la necesidad de adecuar la Ley de leyes al presente, para que pueda atender los nuevos retos del siglo XXI y aquellos compromisos que la era digital y la desafección ciudadana han ido creando, tantos como los que han promovido los desafíos del nacionalismo y el populismo. Lo que será difícil es que consigamos reeditar el espíritu de la transición y la generosa asertividad con la que se construyó nuestra democracia, en momentos de crispación y convulsión social.
Mientras no se den las condiciones oportunas y nunca como respuesta inmediata a un fenómeno puntual, debemos serenar el ímpetu de una arriesgada reforma, que ponga en brete al estado de derecho, si no somos capaces de mejorar el arbitrio de una Constitución en la que nadie quede fuera, por lo que no será del agrado de todos, ni construida al gusto de una parte.
