El editorial de este martes, titulado “Filtraciones interesadas a la prensa”, lamentábamos que por parte de los investigadores de una causa penal se informe antes a determinados periodistas y medios de comunicación que a los investigados, de aquellos asuntos y decisiones que les conciernen. No hubiéramos podido imaginar nunca que ese mismo día veríamos un ejemplo más de abuso e irregularidad que constituye todo un atropello y un ataque a la Justicia, a los derechos de los investigados (concretamente a su honor y propia imagen) y ahora también a la verdad.
Un teletipo de la agencia EFE informó ayer que en el registro del domicilio de los padres del diputado autonómico y concejal de Palma, Álvaro Gijón, ordenado por el juez Manuel Penalva, se había hallado una importantísima suma de dinero en efectivo, nada menos que alrededor de 500.000 euros. "Intervienen 500.000 euros y documentos en los registros a la familia de Gijón", titulaba el teletipo de esta prestigiosa agencia. Casi tres horas después, EFE tuvo que corregir su información original “por error de la fuente”. Por una falsedad de la fuente, hay que interpretar, del mismo modo que solo cabe ubicar a la fuente en el entorno de los investigadores, que ya no solo filtran informaciones de forma interesada, sino que ahora también filtran mentiras sin importarles el daño que con ello causan y el desprestigio que ocasionan a una agencia de noticias de la trayectoria e importancia de EFE.
Hay casos que parecen haber superado todo el cupo posible de irregularidades y filtraciones, en una causa donde pesa aún el secreto de sumario, que nadie parece tomarse en serio como no sea para pisotear los derechos constitucionales de los investigados. Y en este contexto, alguien debería tomar cartas en el asunto para evitar daños mayores a la Justicia, principal perjudicada de una concatenación de despropósitos, llevados a cabo con no se adivina qué propósito. Porque cuesta creer que algo así suceda en un Estado de Derecho donde exista una Justicia digna de este nombre.
