Desde ADN Mediterráneo vemos con tristeza como nuestras islas están en venta. Y cada vez somos menos los mallorquines que podemos permitirnos comprarlas. Primero fueron los pisos y las casas; ahora les toca a los barcos y a los amarres. Si en el primer caso fuimos nosotros, residentes tentados por el dinero fácil, quienes decidimos vender, en el segundo son nuestros políticos quienes, por algún motivo difícil de descifrar, han optado por mercantilizar nuestro recurso más valioso: el mar.
La noticia aparecía recientemente en prensa extranjera: un grupo de amarristas alemanes del Club de Mar protesta airadamente por no poder hacer negocio con sus amarres. Según parece, adquirieron derechos de amarre antes de la reforma a precios elevadísimos con una clara finalidad especula va, algo que entonces era posible, y un cambio en las normas de la Autoridad Portuaria ha frustrado ahora sus expectativas.
No se trata de entrar en los detalles jurídicos que, en su caso, deberán resolver los tribunales. Tampoco de cuestionar la legitimidad de quien busca rentabilizar una inversión; comerciar es lícito, ya sea con amarres, viviendas o automóviles. La cuestión de fondo es otra: ¿por qué permitimos como sociedad que nuestro patrimonio común se convierta en objeto de especulación? ¿Por qué nuestros responsables públicos siguen entendiendo las concesiones portuarias como una oportunidad de negocio y no como una herramienta de servicio público? ¿Por qué no se apuesta decididamente por la náutica como actividad social, accesible y vertebradora, que enriquezca a nuestras islas en su conjunto?
Las preguntas son inevitables. ¿Qué impulsa a nuestros gobernantes a priorizar las marinas comerciales frente a los clubes náuticos? ¿Qué lógica hay detrás de un modelo que dificulta el acceso al mar salvo para quien pueda pagar cien euros por una boya? ¿Por qué no se establecen reglas claras que garanticen a los residentes en Baleares un acceso razonable y protegido a su propio litoral?
Es cierto que ver a un grupo de extranjeros lamentarse por no poder especular puede arrancar alguna sonrisa. Pero conviene no olvidar que el marco que permitió esa especulación fue aprobado aquí. Solo tras un giro de criterio por parte de la Autoridad Portuaria se ha alterado el escenario.
Hacer negocio es legítimo. Pero no todo debería estar en venta. Y mientras no exijamos como sociedad que el acceso al mar se trate como lo que es, un bien común y no un activo financiero, siempre habrá quien pueda pagar 200.000 euros por un amarre. Y nosotros seguiremos contemplando el mar desde la sombrilla.
Lorenzo Pons. Presidente ADN Mediterráneo
ADN Mediterráneo es una asociación dedicada a la defensa de los intereses de los navegantes recrea vos de nuestras islas.
