«Supongo que estarán satisfechos con el sufrimiento de tantas víctimas», reprochó la diputada de Més per Menorca. Para muchos de los diputados éste será el pleno más triste de su carrera parlamentaria, dijo Iago Negueruela, más triste aún (suponemos) que su intervención en la comisión de investigación sobre el caso Koldo. «Es el dolor de muchas personas que no entienden qué rabia hay que tener para atentar contra una ley como esta, que lo único que exige es reparación y justicia». Tremendo. Fue, como ven, una sesión ideal para la sobreactuación y el rasgado de vestiduras. Se trataba de mostrar la desolación que produce a la izquierda la irredimible maldad de la derecha, manifestada por enésima vez. «Cobardes», gritaban a los diputados del Partido Popular que, en efecto, parecían algo avergonzados. Tal vez por todo eso el representante de Vox se contagió del ambiente, ocupó su lugar en la trinchera correspondiente, y, lamentablemente, protagonizó una intervención bastante agresiva.
Y a todo esto ¿en qué consistía esta malvada iniciativa dirigida a provocar el dolor de unas víctimas? ¿Qué es lo que se estaba votando? Algo que, leído con tranquilidad, parece impecable: «entendemos que los poderes públicos de una sociedad democrática, que proclama como valores superiores de su ordenamiento la libertad y el pluralismo, deben abstenerse de fijar como correcta o auténtica una determinada versión histórica (…) La gran diferencia entre las sociedades democráticas y las despóticas es precisamente que las segundas no permiten otro discurso que el oficialmente declarado». Esto dice la exposición de motivos de la Ley 1/2026, que en esos momentos se aprobaba y servía para derogar la Ley 2/2018, de 13 de abril, de memoria y reconocimiento democráticos de las Illes Balears.
«Frente a las injerencias, coacciones y restricciones de derechos de la legislación memorialista, es preciso recordar que el principal deber del Estado en lo relativo al pasado ha de partir del amparo de las libertades y de preservar la reconciliación heredada», y de nuevo esto es irreprochable. Porque la memoria histórica es ventajista. No pretende el conocimiento, la satisfacción de las víctimas (únicamente le preocupan las de un lado), ni la reconciliación, sino construir un relato intocable que proporcione una ventaja a babor: nosotros éramos los buenos y vosotros, la derecha, los malos. Fíjense en esta asimetría: el empeño en construir un relato obligatorio sobre lo que ocurrió hace 90 años, convive con la extensión de un velo de olvido sobre el terrorismo de ETA, que es mucho más reciente. Y la crítica del franquismo convive con el blanqueamiento de los filoterroristas, que para mayor ironía han colaborado en la redacción de la memoria histórica nacional.
«Las leyes que se hacen para reescribir la historia al gusto de una parte nunca han sido un estímulo para la paz, la democracia ni los derechos fundamentales. Es por ello que entendemos que se debe dejar a la labor en libertad de historiadores y expertos el análisis de los acontecimientos de nuestro pasado y evitar que los poderes públicos impongan la formación de criterios sobre el significado de la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo y sus consecuencias, acción que solo contribuye a reabrir emociones cainitas». De nuevo, correcto. La Memoria Histórica nos quiere imponer un relato idealizado que refleja bastante mal la realidad de la Segunda República, en la que el respeto al adversario, la alternancia y el pluralismo no gozaban de buena salud. Conviene recordar que una parte del Frente Popular (el sector mayoritario de los socialistas y los comunistas) no creía en la democracia porque la consideraba "formal" y "burguesa", y abogaba en su lugar por la verdadera democracia "obrera", es decir, la dictadura del proletariado. En cuanto a los restantes (la Izquierda Republicana de Azaña, Unión Republicana, y los socialistas de Prieto), aunque creían en la democracia parecían pensar que era patrimonio exclusiva de la izquierda: «tenemos la república y nadie nos la arrebatará», decía tranquilamente el propio Manuel Azaña. Todo esto explica que, en 1934, los socialistas dieran un golpe de estado ante la intolerable provocación que suponía que la derecha, que acababa de ganar las elecciones, pretendiera entrar en el gobierno. Intolerable, sin duda.
Es decir la Segunda República estaba infectada por un grave virus antidemocrático: la creencia en que sólo la izquierda tenía legitimidad moral para gobernar. Y el relato obligatorio de la memoria histórica, no sólo impide detectar el virus, sino que lo traslada a nuestros días al pretender perpetuar esa hiperlegitimidad. Lo preocupante es que eso nos deja en un paisaje mental similar al de entonces: todo es válido con tal de que no gobierne la derecha. Incluida la amnistía a los golpistas, el blanqueo de los filoterroristas, la erosión de las instituciones, la colonización de las empresas públicas, y la ingente corrupción.
En resumen, la ley de memoria histórica está bien derogada porque atentaba contra la libertad de opinión y, bajo su máscara de bondad, era profundamente divisiva. Era, en suma, un retroceso con respecto a lo mejor que hemos hecho los españoles en la política reciente: la reconciliación de la Transición. Por eso está bien revocada. Por mucho que se rasguen unos las vestiduras y se avergüencen otros.
