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El juez Florit declara que al incautar los móviles de periodistas 'no comprometió' su secreto profesional
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El juez Florit declara que al incautar los móviles de periodistas "no comprometió" su secreto profesional

jueves 27 de febrero de 2020, 10:15h

El juez Miguel Florit, acusado por el denominado 'caso Móviles', ha asegurado este jueves ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que con su orden de incautación de móviles a periodistas que "no comprometía el derecho al secreto profesional de los periodistas". El magistrado Miguel Florit ha llegado al Tribunal Superior de Justicia de Baleares este jueves a las 9 de la mañana para sentarse en el banquillo como investigado en el juicio del denominado 'caso Móviles'. Entre otros delitos, se le acusa de haber vulnerado el derecho al secreto profesional y por interceptación ilegal de comunicaciones.

En su declaración, el juez ha señalado que con su orden, realizada a instancias de la Policía, "en cierto sentido""tenía la intención de saber quién era el autor" de un presunto delito de revelación de secretos. Además, ha señalado que tenía fundadas sospechas de quiénes eran los autores del mismo.

"Este informe fue la gota que colmó el vaso" pues, según ha contestado Florit a preguntas del representante de la Fiscalía, Bartomeu Barceló, ya se habían producido otras denuncias por actuaciones similares y lo consideró un "hecho gravísimo".

Tras el interrogatorio de Florit, ha intervenido un representante de la defensa de los medios afectados que ha apreciado una "contradicción" en lo declarado por el juez.

Así, ha dicho que en instrucción Florit dijo no haberse planteado la vulneración de derechos y ante la Sala, este jueves, ha dicho que sí valoró que con la incautación de móviles no vulneraba el derecho al secreto profesional.

La causa se remonta al 11 de diciembre de 2018, cuando la Policía, por orden del juez, se incautó de los teléfonos móviles de dos redactores de Europa Press y 'Diario de Mallorca' para investigar el origen de informaciones periodísticas publicadas en relación al 'caso Cursach'.

La Policía también requisó ordenadores, un 'pendrive' y diversa documentación en la sede de Europa Press en Baleares y, ya por la tarde, visitó la sede de 'Diario de Mallorca', pero finalmente no accedieron a su interior. Estos hechos provocaron cierta indignación en el ámbito de la profesión y se dieron muestras de apoyo y solidaridad y concentraciones en diferentes puntos del país.

La acusación le pide 42 años de inhabilitación y la Fiscalía su absolución

Ante esto, la defensa de los medios afectados -Europa Press y 'Diario de Mallorca'-, así como los dos periodistas -Blanca Pou y Kiko Mestre- presentaron una querella en la que se piden penas que suman 42 años de inhabilitación por, además de vulnerar el secreto profesional y la interceptación de las comunicaciones, prevaricación, y un delito contra la inviolabilidad del domicilio.

EL JUEZ ORDENÓ OBTENER LOS LISTADOS DE LLAMADAS

La documentación aportada al TSJIB reveló que el juez también había ordenado, antes de la incautación, obtener los listados de llamadas y posicionamientos de los móviles de Mestre ('Diario de Mallorca), Pou (Europa Press), una periodista de 'EFE' y los teléfonos fijos de la sede de las dos agencias de noticias en Palma.

Las medidas fueron dictadas por Florit a instancias de la Policía y avaladas por el fiscal Anticorrupción Juan Carrau. En este sentido, el fiscal superior Bartolomé Barceló pide la libre absolución del magistrado. En su escrito de conclusiones provisionales, afirma también que Florit dictó las medidas que afectaban a los periodistas teniendo ya identificados a una serie de funcionarios policiales como presuntas fuentes informantes.

Por su lado, la agencia de comunicación 'EFE', como acusación particular y la Asociación de Medios de la Información (AMI), como acusación popular, se adhirieron a la querella y, en consonancia, piden también 42 años de inhabilitación.

El 4 de enero de 2019, el Juzgado devolvió el material incautado a los dos periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca. Desde el juzgado se certificó que los dispositivos móviles no se habían inspeccionado durante su estancia en la sede judicial. Sin embargo, no se pronunció sobre la ventana de casi 24 horas en la que los dispositivos habían estado bajo custodia policial.

Tras un proceso judicial que se ha prolongado durante más de un año, el juicio por el 'caso Móviles' se celebra este jueves, cerca de dos meses después de que Florit se jubilara de manera anticipada.

En el juicio, declarará como testigo el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejando Luzón, por videoconferencia, el propio fiscal Carrau -que en un principio fue investigado pero acabó siendo desimputado y citado como testigo- y los periodistas afectados, entre otras personas.

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