Audiencia Provincial de Palma.
Las procesadas eran administradora e interventora de una empresa dedicada a la construcción de edificios residenciales.
La Fiscalía pide para cada una dos años de prisión y una multa de 3.600 euros por un delito de ocupación colectiva ilegal.
Según el Ministerio Público, los hechos ocurrieron en septiembre de 2022, cuando la empresa tenía 12 trabajadores, de los cuales 11 carecían de autorización legal y no estaban dados de alta en la Seguridad Social.
El caso se juzga en Palma, pero los hechos se produjeron en una obra de Ibiza.
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