Las procesadas eran administradora e interventora de una empresa dedicada a la construcción de edificios residenciales.
La Fiscalía pide para cada una dos años de prisión y una multa de 3.600 euros por un delito de ocupación colectiva ilegal.
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OBRA EN 2022
Según el Ministerio Público, los hechos ocurrieron en septiembre de 2022, cuando la empresa tenía 12 trabajadores, de los cuales 11 carecían de autorización legal y no estaban dados de alta en la Seguridad Social.
El caso se juzga en Palma, pero los hechos se produjeron en una obra de Ibiza.
