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Justicia y traición

lunes 11 de febrero de 2019, 01:00h

La Sala Segunda del Tribunal Supremo va a juzgar unas conductas contra España desde dentro de España. No fue la agresión de un enemigo externo ni interno sino la traición desde las propias instituciones descentralizadas del Estado por quienes ejercían autoridad en nombre de dicho Estado. O dicho de otra manera, contra la existencia de España. Por ello este juicio va a condicionar durante un largo trámite y una sentencia todas las actividades políticas que se desarrollan en España en este tiempo de prueba para la aplicación y fortaleza de un sistema democrático cuya misión esencial es mantener la convivencia del conjunto de elementos que constituyen la Nación.

Va a resultar fatigosa y, en ocasiones, irritante la resonancia y comentario de cuanto suceda en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Pero es conveniente prepararse para atender un acontecimiento que va a estar muy por encima del anecdotario político que se desenvuelve con rasgos de sainete en los escenarios gubernativos donde la vanidad y la picaresca tienen su espacio. No vamos a contemplar el choque entre dos posiciones equivalentes, ni la imposición de una ideología parcial totalitaria sino que, ante el Tribunal, se verá la preminencia del Derecho sobre la ruptura de la legalidad sin otra justificación que la deslealtad de una parte contra el compromiso de respeto a las leyes correctamente promulgadas y aceptadas de la Constitución y el Estatuto por la mayoría de los catalanes españoles y de los españoles en común.

El Poder Judicial, independiente del mellado poder gubernativo, despegado de las cobardías o felonías coyunturales del Gobierno de turno, es el único poder del Estado en condiciones de predominar sobre las debilidades, fracasos y traiciones de los mecanismos públicos desequilibrados o malversados por los responsables del Poder Ejecutivo y por el afán de resistencia en el cargo de quien lo preside. Los ciudadanos españoles no pueden, en consecuencia aburrirse o desinteresarse de todo lo que va a suceder en el Tribunal Supremo. Es un asunto de trascendencia nacional que, por primera vez, se trata en términos de Derecho. En otros tiempos históricos asuntos de esta naturaleza se arreglaron con actos de fuerza, con intereses dinásticos o con injerencias internacionales. Se juzgaron atentados contra autoridades, motines frente a leyes o resistencias frente a cambios desde lo viejo contra lo nuevo o desde lo tradicional frente a lo advenedizo.

En esta solemne ocasión se defenderá el derecho de juzgar en nombre de todos y a no ser oprimidos por el capricho de una parte. Es la reacción proporcionada frente al secesionismo injustificado de quienes, en cualquier lugar de la tierra, pretenden erigirse en amos y señores de un territorio sin otra base que una propia autodecisión racista, supremacista o cultural. Esto es mío y no de mi vecino porque yo lo digo y lo proclamo, sean cualquiera las leyes vigentes para la mayoría popular establecida y mantenida por procedimientos democráticos. Esta conducta, ilícita y sancionable en cualquier lugar del mundo, es la que va a dilucidar para la historia la Sala Segunda del Tribunal Supremo durante los próximos meses. Por tanto no tiene nada de extraño que la vida política y sus procesos electorales vayan a estar influidos por el ambiente y las consecuencias de un acontecimiento de excepcional trascendencia clarificadora.

Mientras llega el tiempo del Tribunal el clima está enrarecido porque, entre el ámbito de la justicia y el sentimiento de los españoles se interpone la presidencia de un Gobierno que antepone la prórroga de la misión preelectoral que le fue otorgada coyunturalmente por una coincidencia de censores y no por una base electoral. Esta presidencia que ostenta Pedro Sánchez se ha arrastrado como un reptil al equipararse voluntariamente con una administración regional golpista y separatista, poniéndose a un nivel bilateral indigno para el rango de las instituciones constitucionales de representación y debate parlamentario y, para colmo de despropósito, admitiendo como normal la intermediación de la figura de un “relator” inventado fuera de las previsiones de nuestro Derecho Público. Esta conducta infame es de sumisión al chantaje por parte de unos colaboradores cobardes dirigidos por un político sin escrúpulos. Una rendición para validar unos Presupuestos al precio de legitimar el esquema de un proceso de desintegración de los equilibrios esenciales para la estabilidad de un Estado. Es notorio que esta conducta viola los procedimientos constitucionales que Sánchez prometió cumplir y hacer cumplir hace poco tiempo. La mera admisión a debate de los puntos que presentó Torra a Sánchez y este mantuvo en secreto, sin rechazarlos de forma inmediata, supone una traición más que una simple humillación. Es posible que si esta conducta provoca consecuencias reales en el futuro, el Tribunal Supremo también tenga algún día que juzgar a quienes se han comportado como cómplices de los insurrectos.

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