Nueva polémica con el sistema de pulseras antimaltrato. El ataque machista ocurrido este pasado domingo en Sant Antoni de Portmany, Ibiza, ha vuelto a poner en el foco al sistema de protección con el que cuentan las víctimas de violencia de género en España. Mallorcadiario.com ha hablado con el Ministerio de Igualdad y con fuentes judiciales y ha detectado una clara discrepancia en ambas versiones.
Mientras que el Ministerio de Igualdad asegura que el sistema de seguimiento telemático registró y transmitió todas las señales previstas y que la Sala COMETA gestionó la alerta conforme al protocolo, fuentes judiciales advierten de que el dispositivo no operó de manera constante, lo que podría haber limitado la eficacia de la protección de la víctima.
LA AGRESIÓN DE SANT ANTONI
El hombre, que tenía en vigor la orden de alejamiento, agredió a su expareja en Sant Antoni, causándole lesiones graves. La víctima tuvo que ser atendida de urgencia y trasladada a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde ya ha sido operada dos veces.
La paciente sufrió un traumatismo craneoencefálico grave con hemorragia subdural severa, lo que obligó a realizar una intervención quirúrgica urgente tras su ingreso. Este martes, el equipo de Neurocirugía tuvo que practicar una nueva intervención debido a la evolución de su cuadro clínico.
Asimismo, la mujer, española de 31 años, presenta un hemoneumotórax bilateral con perforaciones en ambos pulmones. Además, padece múltiples fracturas faciales, fractura de un brazo y otros politraumatismos. El equipo médico continúa trabajando para estabilizar su estado.
El caso ha generado controversia, especialmente después de que el entorno de la mujer cuestionara públicamente la eficacia de la pulsera de control telemático.
Frente a esas críticas, desde el Ministerio de Igualdad sostienen que el sistema funcionó correctamente y que el protocolo se activó conforme a lo establecido. "La gestión realizada por los operadores de Sala COMETA fue continuada y conforme al protocolo, permitiendo que la intervención policial se produjera con la urgencia necesaria", confirma Igualdad a este digital.
IGUALDAD PIDIÓ AMPLIAR LA DISTANCIA
También cuentan a este digital que la Sala COMETA -centro de control telemático en España encargado de monitorizar las pulseras antimaltrato- pidió ampliar a 350 metros la orden de alejamiento más de un mes antes del ataque (8 de enero). Cabe recordar que la distancia que tenía asignada la víctima, dictada por el juez, era de 100 metros.
Según la información facilitada en relación con el caso, los técnicos consideraban que 350 metros es la distancia mínima recomendable para que el sistema de seguimiento telemático pueda garantizar mayores niveles de seguridad y ofrecer un margen de reacción más amplio tanto a la sala operativa como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, la petición que trasladaron a la autoridad judicial jamás fue respondida.
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA TELEMÁTICO
Según el Ministerio, las alertas de entrada en zona fija (domicilio de la víctima) y en zona móvil (dispositivo que portaba ella) llegaron correctamente a la Sala COMETA, y se realizaron todas las comprobaciones técnicas para confirmar que la pulsera había funcionado según el protocolo.
No obstante, la versión judicial indica que el dispositivo no mantuvo un funcionamiento constante, describiéndolo como "errático" . Apuntan a que la pulsera comenzó a sonar cuando la Guardia Civil ya estaba actuando en la escena.
Esta discrepancia añade tensión a la discusión sobre la fiabilidad de los sistemas telemáticos y la necesidad de revisar protocolos y distancias de protección en órdenes de alejamiento. Técnicamente, cuanto mayor es el perímetro, mayor es el tiempo de respuesta ante una posible vulneración.
En este caso, la recomendación de ampliar a 350 metros se produjo un mes antes de la agresión. La distancia no se modificó y la orden continuó fijada en 100 metros hasta el momento del ataque.
EL GOVERN PIDE EXPLICACIONES
La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha solicitado una reunión con la Delegación del Gobierno en Baleares para esclarecer si la víctima de la agresión machista en Sant Antoni (Ibiza) sufrió algún tipo de desprotección.
El Institut Balear de la Dona (IbDona) ha reclamado formalmente toda la información relativa al caso con el objetivo de determinar si se produjo alguna incidencia en el funcionamiento de las medidas de protección, tal y como ha denunciado la familia de la víctima.
En un comunicado, la administración autonómica ha subrayado que la petición busca “conocer con rigor qué ha sucedido” y, en caso de detectarse errores, “depurar las responsabilidades que correspondan”. En esa línea, el Govern ha instado a la administración general del Estado a garantizar la seguridad y la protección efectiva de todas las víctimas de violencia machista.
