El problema de la antigua prisión de Palma es cualquier cosa menos algo con lo que se pueda trivializar ni bromear o incurrir en demagogia. Más de 200 personas malviven en condiciones indignas desde hace muchos años, en un espacio degradado, inseguro, peligroso y fuera de cualquier estándar mínimo de habitabilidad.
Es, en esencia, un fracaso colectivo de la sociedad y de los sucesivos gobiernos municipales anteriores al que lidera el alcalde Jaime Martínez, determinado a poner solución a ese drama y a evitar que haya que lamentar el día menos pensado una desgracia entre esos muros. Por eso resulta especialmente llamativa —y preocupante— la deriva que ha tomado el PSOE de Palma en su papel de oposición, degradándola indignamente.
La última ocurrencia, anunciar la localización de 156 plazas potenciales propiedad —según dicen— de concejales de PP y Vox, para realojar a los residentes, es un ejercicio de cinismo y de irresponsabilidad del que no hay precedentes. Pero estamos ante otra operación delirante que forma parte de una estrategia errática y sin sentido. A la vista de ella hay que temer que el PSOE no tiene plan ni propuesta alguna al respecto. Y no sólo eso: la desesperación entre las filas socialistas lleva a episodios lamentables impropios de un partido serio que realmente aspira a recuperar el gobierno municipal.
La desesperación entre las filas socialistas lleva a episodios lamentables impropios de un partido serio que realmente aspira a recuperar el gobierno municipal
El antecedente inmediato ya fue motivo de alarma El líder socialista en Palma y actual portavoz parlamentario, Iago Negueruela, decidió alquilar un piso turístico ilegal en la capital para demostrar que existen. Un gesto tan irresponsable como irrelevante. Nadie dudaba de la existencia de esa problemática. Como tampoco hace falta infiltrarse en Son Banya y comprar droga para confirmar que los clanes del narco hacen negocio allí. La política no puede degradarse a este nivel de performance.
Ahora, en plena crisis humanitaria en la antigua cárcel, el PSOE cruza otra línea: exigir a cargos públicos de PP y Vox que cedan sus propiedades para alojar a los desalojados. Un ejercicio de demagogia difícil de justificar. Primero, porque convierte un problema estructural en un reproche personal. Y segundo, porque quienes hoy lo plantean gobernaron durante ocho años sin resolver este mismo foco de infravivienda.
La situación exige rigor, coordinación entre administraciones y soluciones viables, no ocurrencias ni exhibicionismo político. Palma necesita políticas de vivienda efectivas, no gestos populistas y demagógicos que no aportan nada. Y la oposición, si aspira a ser alternativa, debe empezar por comportarse como tal.
