Gabriel Le Senne tiene frente a sí un largo calvario hasta que la Audiencia Provincial de Balears se digne juzgarlo por el ya cansino incidente de la rasgadura de la foto de Aurora Picornell en el Parlament. En mala hora cometió semejante torpeza, porque incluso aunque -como es más que probable- acabe siendo absuelto del delito de odio que le imputa la acusación popular -un delito político con todos sus ingredientes liberticidas-, habrá cargado durante años con una erosión personal que nadie le va a compensar, y mucho menos que nadie la Justicia.
La izquierda es maestra en el manejo de acusaciones artificiales que no conducen a nada, o en magnificar la paja en el ojo ajeno mientras niegan a todas horas las vigas en el propio, pese a la evidencia de su podredumbre. Es su esencia moral, su doblez marca de la casa. Pero hoy no va de eso mi reflexión.
Se quejaba amargamente estos días pasados la magistrada Samantha Romero del total desbarajuste existente en nuestra Audiencia Provincial, lo que es indicativo del estado de degradación que padece la Administración de Justicia, que ningún partido tiene la más mínima intención de resolver. La Justicia, cuanto peor, mejor para los políticos.
La AP de Balears está señalando ya juicios para 2029, es decir, para el futuro. Cuatro años de espera para el justiciable -más los que arrastra de la previa instrucción-, lo que supone, de principio, que muchos delincuentes van a ver rebajadas sustancialmente sus condenas como consecuencia de la atenuante de delaciones indebidas, denominación bien equívoca, porque las delaciones en la Justicia son totalmente debidas, concretamente, debidas a la incompetencia secular de los ministros del ramo y a la falta endémica de medios materiales y personales. Lo raro sería que en semejantes condiciones marchase bien.
En España, la AEAT funciona como un reloj suizo, sus ordenadores no se quedan colgados, sus sistemas están a la última y tiene el personal necesario para rascarnos los bolsillos. No es, por tanto, una cuestión de incapacidad nacional, sino de mera voluntad política que la Justicia funcione con igual eficiencia.
En Balears somos visionarios, ya podemos imaginar la Audiencia Provincial del futuro: celebrando juicios por delitos cometidos hará casi una década.
