La burocracia europea hace imposible la actividad del sector primario en España

La airada reacción del sector pesquero ante la aplicación del Reglamento de Control de la pesca de la Unión Europea ha sido consecuencia lógica y proporcionada a una narrativa que lleva años instalándose: las normas comunitarias que afectan al sector primario se escriben desde despachos desconectados de la realidad productiva, sin diálogo previo con quienes hacen el trabajo en tierra, en el campo y, en este caso, en el mar. El resultado no es sostenible, ni eficiente, ni siquiera respetuoso con la lógica de la actividad que pretende regular.

El propio choque —jornadas de paro, barcos amarrados en puertos, lonjas cerradas y protestas extendidas en todo el país, también en Baleares— evidencia que la burocracia europea se ha convertido en una traba operativa intolerable. Exigir anotaciones de capturas por operación, obligación de notificación con antelación imposible de cumplir en la flota de pesca artesanal, o penalizar errores de estimación en registros, son ejemplos de normas que parecen redactadas sin ningún conocimiento de la pesca real y desde despachos en Bruselas, alejados de la realidad cotidiana del sector.

Las normas comunitarias que afectan al sector primario se escriben desde despachos desconectados de la realidad productiva

Que al final el Gobierno tenga que intervenir y acordar que solo hace falta un registro diario antes de entrar a puerto y que no se avisará con cuatro horas de antelación no es una victoria del diálogo; es un reconocimiento de fracaso de la propia norma. Lo que se ha desactivado no es una mala aplicación del reglamento, sino la imposición de reglas que, en la práctica, resultan inviables para miles de profesionales.

Este episodio no es aislado. Reproduce el patrón visto en agricultura y ganadería: la UE legisla desde Bruselas pero sin pisar el barro de la faenas diaria. El coste de esa desconexión se paga con protestas, inseguridad para las flotas menores y una desconfianza creciente hacia las instituciones que deberían proteger la sostenibilidad, no castigarla con requisitos absurdos para quien vive del mar.

La política pesquera debe recuperar sensatez y realismo, empezando por incorporar a los que realmente conocen el oficio en la redacción de las normas que les afectan. El control es necesario pero el exceso normativo que roza lo absurdo, no.