La maquinaria judicial se ha puesto en marcha con dos casos de extraordinaria relevancia y de innegable trascendencia política. Por un lado, José Luis Ábalos —exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE— afronta una petición de pena de 24 años de cárcel por la adquisición de mascarillas en la pandemia, junto a su exasesor Koldo García (19 años) y el empresario Víctor de Aldama (7 años) por delitos de corrupción como pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y aprovechamiento de información privilegiada.
Por otro lado, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán —saliendo en libertad provisional tras cinco meses en Soto del Real— aparece señalado por la Unidad Central Operativa (UCO) como “pieza clave” de una trama de “mordidas del 2 %” asociadas a adjudicaciones de obras públicas.
Estos dos casos no son hechos aislados: representan una doble amenaza para la credibilidad del PSOE y apuntan directamente al entorno más próximo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Cuando dos cargos orgánicos del partido —uno vinculado a contratos sanitarios de emergencia, otro al engranaje interno de organización— quedan implicados en escándalos de corrupción, el impacto político es inevitable.
En primer lugar, la de la confianza pública: ciudadanos que ya observaban con recelo la capacidad de regeneración del sistema político, ven ahora confirmadas sus peores sospechas. En segundo lugar, la erosión del liderazgo de Sánchez, pues la cercanía de los imputados, unido a otros casos como el que afecta a su esposa y a su hermano, le obliga a explicar por qué personas de su entorno ocupaban puestos de alta responsabilidad, y por qué no se detectaron fallos internos a tiempo. En tercer lugar, la voluntad real de cambio queda cuestionada: la ética en la gestión pública debe dejar de ser accesorio y convertirse en eje transversal, más allá del discurso.
A estas alturas, pedir transparencia sin actuar internamente y asumir responsabilidades, es inútil. Y tratar de exhibir contundencia en la respuesta ante los casos de corrupción es profundamente hipócrita, cuando un juzgado de Madrid investiga a una exmilitante socialista, Leire Díez, por presuntamente protagonizar una operación para desacreditar a mandos de la Guardia Civil, jueces y fiscales, en una operación de “fontanería política” propia de las cloacas, es todavía más comprometedor para el PSOE.
