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La demagogia ideológica en la educación

jueves 06 de agosto de 2015, 14:09h
Soy madre de cinco hijos, alumnos de los colegios del Parc Bit que, tristemente, vuelven a las páginas de los medios de comunicación: dos en el colegio Llaut (niños), dos en Aixa (niñas) y uno en Aladern -Aixa Infantil- (en este caso, también chico). No apelo más que al sentido común para que convengan conmigo en que chicos y chicas son diferentes: no sólo físicamente, sino también, afectiva, psíquica, madurativamente. Iguales en derechos y deberes, en dignidad, en oportunidades, pero diferentes. Éste es el sentido de la educación diferenciada, que no segregadora: atender a las peculiaridades de cada uno de los sexos en un aspecto tan primordial como la educación. En Países como Estados Unidos el número de escuelas públicas diferenciadas ha aumentado exponencialmente en los últimos 10 años, fruto de los resultados percibidos por los maestros; en el Reino Unido y Canadá, las escuelas diferenciadas públicas y privadas ocupan sistemáticamente las primeras posiciones en los rankings, a pesar de ser notablemente inferiores en número; en Alemania y Australia, los gobiernos han impulsado programas en ese sentido. En el caso contrario y lamentablemente se sitúa nuestro país, donde un sector perfectamente identificable políticamente denosta con argumentos rancios este modelo de educación. En los centros del Parc Bit se educa al niño/a de forma integral: partiendo de que por encima de todo son personas. Imparten una educación personalizada que busca además, la excelencia académica (en este sentido, las diferentes pruebas educativas realizadas por nuestros alumnos lo avalan): atendiendo a todos los ámbitos de la persona, respetando profundamente la libertad. Por ello son centros en los que tienen cabida todas las familias: también las que no comparten, por ejemplo, las ideas religiosas de su ideario, pero las respetan y sin embargo comparten y creen en las ventajas de la educación diferenciada: un  modelo, creo, tan válido como cualquier otro. Estos centros nacen de la iniciativa de un grupo de padres, verdaderos responsables de la educación de los hijos, a quienes compete el deber de educarlos y el derecho a hacerlo con arreglo a sus convicciones. El artículo 26 de la declaración Universal de Derechos Humanos consagra el derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.  El colegio simplemente colabora con los padres en el ejercicio de este derecho/deber y la función de los Estados en relación con este derecho no es otro que salvaguardar y tutelar la libertad de las familias para la elección de los centros que consideren idóneos y coherentes con el modelo de  educación  querido para sus hijos. Que los Estados pretendan imponer un determinado modelo es propio de regímenes totalitarios y no de democracias maduras. Los colegios del Parc Bit nacieron con la profunda convicción de que fueran centros abiertos a todas las familias, también a aquéllas con menos recursos económicos que no pueden optar por centros privados y que tienen derecho por ley a recibir del Estado las ayudas públicas (concierto económico), como recoge el artículo 84.3 de la LOE, redactado por el apartado sesenta y uno del artículo único de la L.O. 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa («B.O.E.» 10 diciembre); familias que comprueban que cada vez que cambia de color el Gobierno de las Islas Baleares, se ven abocadas a la discriminación más absoluta. Dicen de nuestros colegios (sí: los padres de estos centros los consideramos muy nuestros) que discriminamos por sexo: la auténtica discriminación es la que pretenden imponer al negarnos un derecho reconocido legalmente y al menos en cuatro ocasiones por los Tribunales. ¿No están los poderes públicos sometidos al imperio de la ley? ¿No vinculan a los poderes públicos las resoluciones judiciales? ¿O va a resultar que el actual Govern de les Illes Balears se está colocando peligrosamente y no quiero pensar que sea únicamente por motivos ideológicos, en una situación contraria a derecho?. ¿Les preocupa realmente el futuro de los estudiantes mallorquines, el nivel de la educación en las Islas (los informes PISA ponen de relieve, por ejemplo, el nivel insuficiente obtenido en comprensión lectora, competencia matemática y competencia científica, muy alejado del promedio de los países de la OCDE, lo que revela que algo estamos haciendo mal en el tema de la educación) o pretenden sistemáticamente ir en contra de estos centros sólo porque no comulguen con sus ideas?. Lo que enriquece es el pluralismo, no el pensamiento único; el llegar al mismo destino pero por caminos diferentes. Soy defensora de la libertad, de la verdadera libertad. Nuestra constitución, que sí fue un ejemplo real de consenso, donde todas las fuerzas políticas  fueron conscientes de la importancia de ponerse de acuerdo en un momento crucial de nuestra historia, consagra una serie de derechos y libertades para todos los españoles. Y a los políticos se les llena la boca hablando de libertad, de voluntad política. Pues bien, el artículo 27 reconoce el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, un doble reconocimiento que pretende, por un lado, garantizar la educación a todos y, por otro, a preservar el mayor pluralismo educativo posible. Se impone el mandato a los poderes públicos de ayudar a los centros docentes "que reúnan los requisitos que la ley establezca" (artículo 27.9), dando nivel constitucional al régimen de conciertos incorporando a los colegios que lo deseen al sistema público, conllevando un importante ahorro para el Estado. Únicamente pedimos aquello a lo que tenemos derecho y que por otro lado sostenemos con nuestros impuestos.
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