El Govern quiere destinar el dinero recaudado por la ecotasa a contrarrestar "la huella social que deja el turismo". El ingreso del impuesto que teóricamente se aprobó para promover proyectos medioambientales ha quedado destinado, en su mayor parte, a otro tipo de cuestiones, muchas de ellas muy alejadas de lo que es el medio ambiente. Una cuarta parte de los 110 millones recaudados recaudados este 2018 se empleará en la construcción de viviendas de promoción pública, mientras que el resto irá destinado a la compra de fincas que pasarán a ser públicas, diversificación de cultivos, mejora del paisaje agrario o alumbrado. Sólo una pequeña parte se destinará a proyectos vinculados al ciclo del agua.
El GOB, que ha votado en contra de este reparto en la comisión del impuesto, considera directamente que la decisión vulnera la ley, recordando que el texto legal señala que “se deben priorizar los proyectos de carácter medioambiental (…) y de protección, preservación, modernización y recuperación del medio natural, rural, agrario y marino”. Es coherente la postura de los ecologistas, igual que la de ARCA, que también votó en contra. Independientemente de la injusticia que supone un gravamen de este tipo sobre una industria que puede ver comprometida su competitividad en próximas temporadas.
El impuesto de turismo sostenible nació en 2016 marcado por la nula negociación con el sector, al que se le impuso inicialmente y se le dobló al segundo año, sin que existieran estudios previos. Y su aplicación está siendo igualmente errática, llegando a desconcertar a los propios ecologistas que lo tomaron por bandera.
Al final, queda la sensación de que el Govern ha hallado en la ecotasa, y bajo la bandera del ecologismo, una fuente de financiación para cualquier tipo de proyecto, sea del tipo que sea, bajo el argumento de que si todo en Baleares gira en torno al turismo, cualquier proyecto puede ser amparado por la ecotasa. Una barra libre que se produce, curiosamente, cuando las administraciones, y en particular el Govern, disponen de los mayores presupuestos públicos de la historia de la comunidad.
Por su parte, para los ciudadanos es difícil de entender que el ingreso de un impuesto que debería mejorar el entorno natural por el que nos visitan cada año millones de turistas se destine a construir viviendas o comprar fincas, en vez de solucionar los tremendos problemas de limpieza y depuración de playas y espacios públicos que sufre la comunidad.
