Días atrás, se hizo público el acuerdo alcanzado por la Federación Española de Municipios y Provincias y el Gobierno para la cesión al Estado de los remanentes que los ayuntamientos españoles mantienen como consecuencia de la aplicación de las normas de contención del gasto impuestas durante la anterior crisis económica por el equipo del PP, encabezado por el ministro Cristóbal Montoro. Algunas de esas medidas fueron y han continuado siendo muy criticadas porque impiden a las administraciones municipales atender necesidades reales de la ciudadanía mientras el dinero se pudre en los bancos, pero, sobre todo, porque atacan de raíz el principio de autonomía de las entidades locales que proclama el artículo 137 de la Constitución.
La catastrófica situación económica provocada por el COVID-19 y la errática y torpe gestión del Gobierno de Pedro Sánchez ha devenido en la necesidad de obtener fondos para paliar la gigantesca caída de ingresos del Estado. Primero, se acudió a Europa con una posición absurda en la creencia que la Unión nos rescataría -aunque rescate es palabra tabú e impronunciable- sin poner severas condiciones, vista además la escasa solvencia de nuestro gobierno socialcomunista, con un socio que va por libre proclamando que hay que gastar y subsidiar más y sin una pizca de propósito de racionalización de un gasto público que ya está groseramente disparado.
Y, lógicamente, Europa vino en nuestra ayuda, pero poniendo estrictas condiciones para el destino de sus fondos. Se acabó la fiesta, hay que apretarse el cinturón, y mucho.
Tras lo que los socialistas vendieron como un gran éxito -que lo es-, pero que ellos mismos consideran en su fuero interno como un fracaso -por las condiciones impuestas, imposibles de cumplir si pretenden llevar a cabo su programa de gobierno-, a Sánchez y a su incompetente ministra de Hacienda, la médico María Jesús Montero, solo se les ocurrió arramblar con los remanentes municipales. En suma, la operación consistiría en que las administraciones que mejor entendieron el concepto de austeridad presupuestaria -los ayuntamientos- hubieran de ceder a la administración más derrochadora, mastodóntica y sobredimensionada -el Estado- los ahorros provenientes de los impuestos pagados por sus vecinos para que su ciudad o pueblo fueran habitables.
Y, para ello, qué mejor que tirar de un lacayo al servicio del partido -miembro de su ejecutiva- como el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que preside desde 2015 la FEMP. La actuación de Caballero ha sido vergonzante y abiertamente contraria a la autonomía municipal que consagra la Constitución y cuyo fomento y defensa -que no ha dudado en dinamitar por servir a su partido- son, precisamente, los principales fines de la FEMP.
El pontevedrés presenta un curioso perfil. Militante del PCE hasta 1980, experimentó entonces un proceso de metamorfosis ideológica -común a muchos comunistas- que reorientó su actividad política hacia el socialismo tan pronto como empezó a vislumbrarse en España que el PSOE iba a gobernar más pronto que tarde. Prestigioso economista y profesor universitario, formó parte como Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones del ejecutivo de Felipe González entre 1985 y 1988.
Posteriormente, fracasó estrepitosamente en las elecciones gallegas de 1997 frente a Manuel Fraga y pasó a un segundo y discreto plano y a su actividad docente durante cuatro años.
Fue rescatado para presidir la Autoridad Portuaria de Vigo en 2005 para acabar siendo candidato socialista a la alcaldía de esa ciudad. Pese a perder en 2007 y 2011 las elecciones frente a los populares, cerró un acuerdo de gobierno con los independentistas gallegos del BNG, a los que fagocitó para obtener finalmente una mayoría absoluta en 2015 que le permitió auparse a la presidencia de la FEMP.
Caballero es, por tanto, un hombre de partido que, antes de cualquier otra circunstancia u obligación, atenderá los requerimientos de la formación política de la que vive desde hace casi cuarenta años, aunque para ello deba sacrificar a la FEMP, fulminando sus consensos básicos y traicionando sus fines fundacionales.
Naturalmente, agrupando a casi el 95% de las entidades locales españolas, la respuesta de las federaciones menos dóciles y de muchos municipios no se ha hecho esperar. En Balears, la FELIB, que preside el alcalde de Costitx, el centrista Antoni Salas, puso de manifiesto su incomodidad y rechazo a esta confiscación estatal, pero otros alcaldes socialistas de las islas, como el palmesano José Hila, agachan la cabeza y se someten dócilmente a la disciplina partidaria, como una muestra más de que, en la escena política española, muchos cargos electos creen deberse a los partidos que los pusieron en las listas antes que a sus ciudadanos.
