El fiscal general de Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha manifestado que se van a proponer penas de hasta ocho años de cárcel para los controladores que abandonaron sus puestos de trabajo. Conde-Pumpido, que se encuentra en Zaragoza presidiendo una reunión de la Junta de Fiscales, ha resaltado que "el abandono colectivo de un aeropuerto, con la paralización del tráfico aéreo es un delito muy grave penado en la Ley de Navegación Aérea con una sanción de prisión de entre 3 y 8 años". "No estamos hablando de un problema laboral porque no se ha utilizado en ningún momento las vías legales sino un abandono premeditado concertado y colectivo de los aeropuertos con un grave daño para ciudadanos y España, por eso las diversas fiscalías han incoado diligencias de investigación", explicó. El fiscal general del Estado ha precisado que "hay más de 20 diligencias abiertas y más de 400 personas presuntamente responsables de estos hechos".
