La tragedia vuelve a golpear el Mediterráneo. Diecisiete personas han perdido la vida cuando trataban de alcanzar las costas de Baleares tras permanecer quince días a la deriva en una patera. No es un episodio aislado ni una excepción. Es un nuevo capítulo de un drama humanitario que se repite con demasiada frecuencia y que, lejos de remitir, confirma que la ruta argelina hacia el archipiélago se ha consolidado como la que más crece de todo el sur de Europa.
Ante esta realidad, las declaraciones de buenas intenciones o la gestión improvisada de cada nueva llegada se quedan muy cortas. Baleares necesita un plan específico, estable y permanente que esté dotado de los recursos económicos, humanos y materiales suficientes para afrontar una presión migratoria que ha dejado de ser coyuntural para convertirse en estructural.
No se trata únicamente de reforzar los medios de Salvamento Marítimo, de la Guardia Civil o de la Policía Nacional. Tampoco basta con aumentar de forma puntual las plazas de acogida cuando los centros se encuentran al límite de su capacidad. Lo que hace falta es una estrategia integral que contemple la vigilancia de nuestras fronteras, la atención humanitaria, la coordinación entre administraciones, la identificación de los inmigrantes, la lucha contra las mafias que trafican con personas y una financiación acorde con el desafío que soportan las islas.
Baleares necesita un plan urgente antes de que el próximo naufragio vuelva a recordarnos que la inacción también tiene un coste en vidas humanas
La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, lleva tiempo advirtiendo de la insuficiente respuesta del Gobierno central ante una realidad que no deja de agravarse. Los recientes acontecimientos vividos en Ceuta han vuelto a evidenciar que España continúa reaccionando cuando la emergencia ya se ha producido, en lugar de anticiparse a ella. Esa misma falta de previsión se observa también en Baleares, pese a que todos los indicadores alertan del extraordinario incremento de llegadas registrado en los últimos años.
No estamos ante un problema exclusivo de las islas. Es una cuestión de Estado y, como tal, requiere una respuesta del Estado. No resulta razonable que una comunidad autónoma soporte prácticamente en solitario las consecuencias logísticas, económicas y sociales de un fenómeno migratorio cuya dimensión trasciende con mucho sus competencias.
La solidaridad con quienes huyen de la pobreza o buscan un futuro mejor es perfectamente compatible con la exigencia de una política migratoria eficaz. Defender unas fronteras seguras, disponer de medios suficientes y planificar adecuadamente la respuesta institucional no supone renunciar a los principios humanitarios; al contrario, es la única forma de garantizar que la ayuda llegue de manera ordenada y digna.
Cada nueva patera que arriba a nuestras costas, y cada tragedia como la conocida este martes, recuerdan que el tiempo de los diagnósticos ya ha pasado. Baleares necesita un plan urgente. Y lo necesita antes de que el próximo naufragio vuelva a recordarnos, una vez más, que la inacción también tiene un coste en vidas humanas.
