Hubo un tiempo en el que el secretario general de la ONU era habitual protagonista de los noticieros. Sus visibles esfuerzos para lograr un armisticio, el fin de un conflicto o mejorar la situación de refugiados y perseguidos, merecían el respeto de las gentes de buena voluntad de todo el mundo.
De hecho, cuando en 1945, –tras salir de la guerra más devastadora que ha conocido la historia–, se firmó la Carta fundacional de la Organización de las Naciones Unidas, resonó el clamor unánime de ¡Nunca más! La nueva institución debía servir como foro de diálogo, mecanismo de prevención de conflictos y garante última de la paz y la seguridad internacionales. Ocho décadas después, la pregunta incómoda es inevitable: ¿qué queda hoy de aquella promesa?
Los conflictos recientes ofrecen una respuesta poco alentadora. En la guerra de Ucrania, tras la invasión rusa de 2022, la ONU aprobó resoluciones de condena en la Asamblea General. No obstante, el órgano verdaderamente decisivo, el Consejo de Seguridad, los paraliza por el derecho de veto de Rusia. En la crisis de Gaza, el evidente sesgo de su principal agencia en la región condujo a un bloqueo diplomático similar. Hay quien afirma incluso que sus actuaciones han podido amplificar los daños. En otros conflictos prolongados, como el de Siria, el patrón se vuelve a repetir, informes exhaustivos, proclamas, en ocasiones tendenciosas, y una capacidad de intervención prácticamente inexistente.
Pero el problema no se limita a la arquitectura del veto, ni a la sesgada inclinación política de su aparato burocrático y agendístico. Pues, desde su privilegiada y cara atalaya se ha dedicado a fomentar y financiar políticas con poco o nulo respaldo democrático, coartando los pertinentes debates mediante abrumadoras campañas y “comités de expertos”, bien remunerados, que dictaminan lo que debe hacer cada estado.
Es por todo ello que la autoridad moral de la institución está lo suficientemente erosionada como para que no haya llamado la atención el que los Estados Unidos —principal financiador histórico del sistema— decida abandonar o suspender su participación en diversos organismos y acuerdos vinculados a la órbita de la ONU, desde el Consejo de Derechos Humanos hasta agencias especializadas y compromisos multilaterales clave. Aunque, es cierto que algunas decisiones se han revertido, el mensaje sigue siendo claro. Buena parte del entramado de la ONU es notoriamente prescindible.
El propio presidente norteamericano suele comparar, en sus intervenciones mediáticas, los nutridos éxitos que ha logrado en materia de paz, con los nulos resultados de la institución internacional con sede en Nueva York.
Desde luego, está anómala situación es evidente que requiere medidas correctoras y no simples declaraciones retóricas. O se aborda una reforma profunda —limitando el veto, reforzando la rendición de cuentas, revisando la proliferación de agencias y redefiniendo con claridad su ámbito competencial y neutralidad— o la organización continuará deslizándose hacia una irrelevancia estratégica cada vez más evidente.
España no es una espectadora irrelevante en este debate. Como Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas, contribuyente financiero y participante habitual en misiones internacionales, nuestro país tiene intereses directos en el buen funcionamiento. Al mismo tiempo, el devenir de la geopolítica tiene un impacto directo en nuestro archipiélago. Sin embargo, la reforma de la ONU nunca aparece en el debate público, y prácticamente nunca forma parte de la agenda electoral. Eso sí, algunos partidos parecen contemplar la institución como mero lugar de recolocación para ex-altos cargos, a modo de “pago por los servicios prestados”.
Por todo ello, sostengo que sería muy deseable que los partidos políticos españoles explicaran con claridad cuál es su posición: ¿Cómo se pueden evitar los sesgos incompatibles con sus funciones?, ¿Su incapacidad frente al fenómeno terrorista?, ¿Se puede mejorar el funcionamiento del Consejo de Seguridad?, ¿Hay que exigir mayor transparencia en la utilización y el control presupuestario en las agencias?, ¿Hay que condicionar aportaciones financieras a resultados verificables? Estas cuestiones no son abstractas, afectan al uso de recursos públicos y a la proyección internacional de España y al devenir económico de las Baleares.
Incorporar el debate sobre la estructura y la reforma de la ONU a la agenda electoral no significa abrazar el aislacionismo, sino todo lo contrario. Mantener la ficción de que garantiza la estabilidad mundial puede resultar reconfortante para aquellos políticos preocupados en buscar colocaciones a los suyos; pero no es cierto. En definitiva, la ONU puede parecer una institución lejana, pero su irrelevancia nos afecta de lleno.
