Todo el proceso policial y judicial de persecución de la corrupción que ha venido desarrollándose en Mallorca en los últimos años ha debido exigir un rigor procesal incluso mayor del habitual, dada la enorme proyección mediática que se ha producido, si es que no se ha alimentado.Tratándose de temas tan sensibles, era imprescindible no dejar que los acusados pudieran aducir cualquier clase de falta de rigor en la persecución del latrocinio que ha tenido lugar en Baleares. Pese a este imperativo, en muchos momentos de varios procesos, se han suscitado acciones de la Fiscalía o de los jueces instructores que han generado dudas sobre algo que puede parecer menor en comparación con los temas investigados, pero que es fundamental en estos asuntos: el respeto al detalle de las normas y la imparcialidad de las actuaciones. Ayer, la Audiencia anuló un auto del juez Castro en torno al Palma Arena que realmente no es central en todo el proceso. Pero los argumentos que da la Audiencia sí que son más preocupantes si concibiéramos la idea de que se pudo haber actuado de esta manera en otros momentos. La Audiencia decidió anular un auto del juez Castro, afirmando que este “se halla absolutamente inmotivado” y que “más parece responder a una dialéctica suscitada con los letrados de los imputados que a una auténtica resolución”. La cuestión que se dilucida tiene su importancia: si la pista del Palma Arena se pagó o no dos veces. Un tema que, como otros muchos, provocó ríos de tinta en los medios de comunicación y cuya rectificación, por supuesto, no va a generar ni una línea. La sala añade cosas tan claras para alguien ajeno al mundo judicial como que los términos “facturar” o “cobrar” no son “ni equivalentes ni sinónimos”, pero que parecen haber sido confundidos. Como es normal, correcciones de este calado tienen el efecto de poner en duda otras decisiones de los instructores que, tal vez, sí estén suficientemente fundamentadas. A esta altura, nadie duda de que aquí ha habido una gestión política globalmente vergonzosa, pero la afirmación de que una decisión judicial se pudo haber producido por una pugna con el acusado o su representante no parece una ayuda a la credibilidad.
