La experiencia diaria nos muestra, desde hace tiempo, una realidad decepcionante. La justicia se administra con lentitud. Las causas se eternizan en los Juzgados y Tribunales. La confianza en ellos se debilita a diario. Se padece un auténtico atasco. Hay que soportar las consecuencias de una manifiesta falta de recursos humanos económicos. ¡Una vergüenza clamorosa! Un servicio esencial abandonado. ¡Algo vale que vinieron a regenerar este país! ¿Qué hacer, por tanto, para destaponar el sistema y, a la vez, separar la justicia de la política, tan entremezcladas con frecuencia?
En estas condiciones tan precarias, la Justicia se ha visto obligada en España a hacer frente a una corrupción galopante. La organización Transparencia Internacional ha presentado su último Índice de Percepción de la Corrupción (IPC 2025): España baja un punto (55/100) y tres puestos en el ranking con respecto al del año pasado. Sigue empeorando su puntuación. Este año, se sitúa en la posición 49/182 del ranking global del IPC (cf. Índice de percepción de la corrupción 2025).
En una reciente colaboración (‘El Mundo’, 26.07.2026), Silvia Lorenzo habla de “los casos de corrupción que rodean al Gobierno y al PSOE y que dejan ya una cifra total insólita: 126 imputados en más de una decena de casos. Más que diputados socialistas en el Congreso. Incluso, subraya que “la dimensión de la corrupción es cuantitativa, pero también cualitativa”. Es un dato objetivo. Nadie, en consecuencia, está legitimado para mirar hacia otro lado. Está ahí, delante de nuestras narices. Todos, incluso quienes apoyan al ‘sanchismo’, sabemos de sobra el impulso destructivo para la convivencia democrática que genera.
Pues bien, desde la muy desacreditada ‘superioridad moral’ de la izquierda, no se les ha ocurrido otra cosa, que sacar a relucir un viejo truco: “invertir la realidad hasta que el acusado aparezca como víctima y quien investiga, juzga o denuncia, como sospechoso”(Javier Benegas, Sobrevivir, TO). Así, para más inri u ofensa para los ciudadanos, han colonizado las instituciones democráticas, salvo alguna excepción de resistencia más que notable, y se sienten víctimas de lawfare, de los bulos y mentiras de la ‘fachosfera’, de la prevaricación de jueces y tribunales conectados con poderes económicos de su entorno ultraderechista, de la maquinaria del fango de los speudomedios, dedicados a polarizar, a insultar, a generar desconfianza frente al gobierno. ¡Pobrecitos! ¡Así se les paga por sus desvelos y su servicio!
No obstante, hay que decirles, que “ni cacería ni ensañamiento ni abuso ni humillación. Es la aplicación de la ley. Y punto. Complazca o no a Sánchez, guste o no a sus ministros, satisfaga o no a sus voceros” (Marisa Cruz, Ni Jueces ni Tribunales, en ‘El Mundo’, 18.07.2026). Por eso, me temo que algún día caerán en la cuenta de que han carecido, en su actuar político, de una mínima ética en su actuar que les prohibiese degradar el sistema democrático y encima manipular a la ciudadanía a fin de obtener su sumisión voluntaria. Han pretendido hacernos cómplices de lo que ellos han transgredido.
Para terminar esta sencilla reflexión, les ofrezco dos criterios doctrinales de autoridad El primero es de Piero Calamandrei (1889-1956), gran jurista italiano: “En el sistema de legalidad, fundado sobre la división de poderes, la justicia debe quedar rigurosamente separada de la política. La política precede a la ley: es el penoso trabajo de donde nace la ley. Pero una vez nacida la ley, solo en ella debe fijarse el juez”.El segundo es el cardenal Ratzinger: “Es tarea de la política someter el poder al control de la ley a fin de garantizar que se haga un uso razonable de él. No debe imponerse la ley del más fuerte, sino la fuerza de la ley. El poder sometido a la ley y puesto a su servicio es el polo opuesto a la violencia, que entendemos como ejercicio del poder, prescindiendo del derecho y quebrantándolo” (Marcello Pera/Joseph Ratzinger, Sin raíces, Península, 2006).
