En el momento actual existe una peligrosísima tendencia a mediatizar los procesos judiciales en los que figuren políticos y personajes populares, dado el manifiesto desconocimiento de muchos periodistas sobre los temas que publican.
No obstante, el peligro aumenta exponencialmente cuando a ese desconocimiento se le une, en muchas ocasiones, el interés por crear un estado de opinión sobre un concreto tema. Ese interés por influir en los lectores suele venir motivado bien por la línea editorial del medio de comunicación, bien porque el periodista en cuestión dispone de una fuente judicial que le proporciona exclusivas.
Por este motivo, en el momento actual se da la paradójica y surrealista situación de que los programas televisivos de las mañanas dediquen numerosas horas a hablar de términos cómo “fianzas”, “medidas cautelares”, “blanqueo de capitales” y, por encima de todos, de “imputados”. Así, gracias a nombres como Iñaki Urdangarín, la infanta Cristina o Jaume Matas, la palabra “imputado” está de plena actualidad. El problema viene cuando la mayoría de la gente desconoce el significado real del término “imputado”.
Aunque, se ha de reconocer, las noticias de corrupción vendan mucho en un momento en el que, lógicamente, la gente está buscando culpables de lo ocurrido. No hay más que leer los comentarios ante las noticias de cualquier imputación: “chorizo” o “delincuente” son los calificativos más suaves que pueden leerse.
Ante tal situación, el imputado tiene que aguantar cómo se le vincula con delitos por los que aún no ha sido juzgado y no puede hacer absolutamente nada contra ello, salvo aguantar que pase el temporal y sea Juzgado por un juez, no por los lectores de un diario.
Ciertamente, siento vergüenza ajena cuando veo a determinados –y famosos- periodistas afirmando que algunos imputados, que aún no han sido siquiera juzgados, han delinquido. Es más, tras afirmar que han delinquido, algunos periodistas anticipan que, si finalmente no resultasen condenados, sería debido al compadreo existente en la justicia española, no a que su información sea errónea, sesgada o, sencillamente, que el sujeto en cuestión no haya cometido ningún delito.
Para anticiparme a las críticas, quiero que conste que yo no defiendo ni la impunidad de ningún delincuente ni pretendo manifestarme en contra de la libertad de prensa. Tan solo me gustaría recordar que ni los periodistas ni los ciudadanos son jueces y que, por lo tanto, carecen de la facultad de decidir si alguien ha delinquido o no, puesto que antes de nada se encuentra la presunción de inocencia de cualquier persona.
Frente a esta situación, el lector debería conocer el significado real de la palabra “imputado”, tan defenestrada últimamente por la prensa.
Cuando alguien interpone una querella criminal o una denuncia, siempre que de su contenido se infiera la existencia de indicios de delito, el Juez llamará a declarar como imputados a todos aquellos sujetos cuyo nombre aparezca en los hechos narrados. Así, en contra de lo que pueda parecer, la imputación no es más que una garantía procesal para aquélla persona cuyo nombre aparece en una causa penal, para que pueda comparecer asistida por un abogado y no se vea obligada a declarar nada que pueda perjudicarle (como sí debe hacer un testigo, que está obligado a decir verdad y no puede llevar abogado)
Es decir: la imputación no supone una acusación formal, que tiene lugar en el momento en el que finaliza la instrucción del caso (la investigación) y el Juez, fiscales y/o acusaciones consideran que la conducta del imputado es susceptible de hallar encaje en algún tipo penal y solicitan una pena para él, tras lo cual se celebra el juicio y se dicta sentencia.
Por lo tanto, es posible que alguien que ha tenido que escuchar cómo le llamaban delincuente en los medios de comunicación sea finalmente absuelto. Mi pregunta es: ¿Cómo se le resarce a esa persona del daño causado por las ganas de juzgarle de forma paralela?
Creo que deberíamos entender que para juzgar están los jueces, no los medios, que deben limitarse a informar.
