Hay noticias que no destacan por su novedad, sino por su capacidad para retratar con nitidez una patología institucional persistente. La declaración de una aspirante a la plaza de coordinador de conservatorios de la Diputación de Badajoz, finalmente adjudicada a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha reactivado una sospecha tan conocida como corrosiva, que en determinados procesos públicos la igualdad de oportunidades opera más como coartada formal que como garantía real.
Conviene recordarlo con precisión. Un juicio no equivale a una condena y la presunción de inocencia no admite atajos. Pero también conviene no incurrir en una ingenuidad paralizante. Las democracias no se erosionan solo cuando aparecen condenas firmes. También se degradan cuando se instala entre los ciudadanos la convicción de que las reglas no rigen del mismo modo para todos.
La libre designación tiene, en abstracto, una justificación atendible. Ciertas responsabilidades públicas exigen confianza, criterio y capacidad de dirección. El problema comienza cuando la excepción se normaliza y deja de ser una herramienta funcional para convertirse en un hábito de poder. Entonces la confianza ya no selecciona competencia, sino cercanía; el mérito se proclama, pero no siempre se demuestra; la entrevista eclipsa al expediente; los criterios se difuminan, y los aspirantes acaban percibiendo que concurren a un procedimiento cuyo desenlace estaba escrito de antemano.
En ese punto, la libre designación deja de ser una figura administrativa discutible para convertirse en un foco de deterioro institucional. No necesariamente en el terreno de la corrupción penal —que exige prueba y condena—, sino en un plano no menos grave, el de la arbitrariedad normalizada. Un sistema puede respetar los trámites y, aun así, transmitir que la decisión estaba tomada; puede exhibir legalidad y, al mismo tiempo, vaciar de legitimidad el procedimiento.
Las consecuencias no son menores. Se desalienta la participación de perfiles solventes, porque quien sospecha que el resultado está decidido deja de presentarse. Se premia la obediencia por encima de la competencia técnica y se erosiona una convicción esencial para cualquier democracia digna de ese nombre, que el acceso a lo público debe descansar en reglas comunes y exigibles.
Sería un error reducir este problema a un partido o a una administración concreta. España acumula demasiados ejemplos de esta misma deformación. Administraciones colonizadas, empresas públicas convertidas en refugio, asesorías sin especialización acreditada, concursos previsibles, órganos de selección sin suficiente independencia y cargos que oscilan al ritmo del ciclo político. Nadie puede alegar excepcionalidad. Con demasiada frecuencia, estas prácticas se condenan cuando se sufren y se asumen con naturalidad cuando se dispone del poder para reproducirlas.
La conclusión, por tanto, no debería ser que la democracia conduce a la decadencia, sino que se debilita cuando los partidos se comportan como propietarios de las instituciones. La respuesta exige acotar de verdad la libre designación, fijar criterios previos y públicos, motivar las puntuaciones, someter las entrevistas a transparencia, profesionalizar la dirección pública y endurecer las incompatibilidades ligadas al parentesco, la afinidad y la dependencia política.
Los partidos deben promover perfiles con trayectoria y competencia acreditadas, y renunciar a la lógica del oportunismo. Las instituciones necesitan servidores públicos capaces, no meramente dóciles. La madurez de una democracia no se mide por el número de cargos que reparte, sino por su capacidad para preservar ámbitos de decisión sustraídos al reparto partidista.
La libre designación puede ser necesaria en supuestos tasados, debidamente justificados y sometidos a una transparencia exigente. Pero, sin esos límites, deja de ser una excepción funcional para convertirse en una forma discreta de apropiación de lo público. Y cuando una sociedad interioriza que el mérito no basta, no solo se resiente la legitimidad de una convocatoria, empieza a erosionarse, de manera más profunda, la propia idea de ciudadanía en igualdad. Es cuando la libre designación se convierte en la corrupción de lo posible.
