La Oficina de Defensa de los Derechos del Menor, como órgano que tiene que velar por la defensa, promoción y protección de los niños, y tras las nuevas informaciones aparecidas en los últimos días, hace un llamamiento a la responsabilidad colectiva para proteger la menor víctima de una presunta estafa económica por parte de sus padres, que están procesados por este motivo. La ODDM considera que la sobreexposición pública de esta menor, iniciada por sus progenitores con la intención de conseguir un beneficio económico aprovechando un problema de salud de su hija, ha supuesto una desprotección grave de la menor y que, por tanto, esta niña ha sido víctima de sus progenitores. Las últimas informaciones en relación a presuntos delitos graves que podrían haber cometido los padres contra la hija han agravado su condición de víctima, lo que la ha vuelto a situar en el foco de la atención mediática. La reiterada exposición pública ejercida por los padres, así como la filtración de determinadas informaciones que, coincidiendo con el Síndic de Greuges de Catalunya se consideran inadmisibles, y un seguimiento constante por parte de los medios de comunicación en el entorno familiar y personal de la niña ha hecho que se haya iniciado un proceso grave de revictimización de la menor, aumente su situación de desprotección y se vulneren derechos amparados en la legislación vigente, como es el derecho a la intimidad.
Ante esta situación la Oficina de Defensa de los Derechos de Menor ha abierto un expediente informativo, está llevando a cabo actuaciones encaminadas a proteger y velar por la protección de los derechos de esta niña y mantiene contacto directo tanto con la Fiscalía de Menores como con otras instituciones y ámbitos implicados en la protección de la menor. Por otra parte, se está a la espera de las decisiones que tome la Generalitat de Catalunya, que actualmente tiene la tutela de esta menor a través de la Dirección de Atención a la Infancia.
Por todo ello, la Oficina de Defensa de los Derechos del Menor hace un llamamiento al respeto y a la responsabilidad de las administraciones e instituciones públicas, los medios de comunicación y de la comunidad en general para situar, por encima de todo, la protección de los derechos a la intimidad, la imagen e identidad de esta menor, tal como la ley nos obliga a todos y de la que nadie está exento.
