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La primera parte contratante en los arrendamientos de locales de negocio (II)

domingo 03 de mayo de 2020, 04:00h

Tal y como había amenazado, sigo esta semana dedicando estas líneas a analizar algunos aspectos más del RD 15/2020, si bien la vorágine de noticias, acontecimientos y normas que se suceden de forma vertiginosa dan para esto y para muchos artículos más, pero tiempo al tiempo.

Siguiendo lo que dijo Unamuno al volver a sus clases en Salamanca, lo que según la mayoría de los historiadores nunca pronunció Fray Luis de León, el famoso “dicebamus hesterna die“ (como decíamos ayer), continuamos con el hilo de nuestra particular “Noche en la Opera” de los hermanos Marx.

¿Cuáles son las segundas partes que debemos atender en el posible aplazamiento de los alquileres de locales de negocio?

En primer lugar, una cuestión esencial es que ocurre con el IVA que grava el arrendamiento de los locales de negocio, aspecto sobre el que nada dice la norma de forma explícita.

Como bien nos recuerda la Dirección General de Tributos del Estado -y a mí, mi querido amigo Borja en cuanto leyó el artículo anterior-, en el régimen general, el devengo del IVA se produce en el momento de la prestación del servicio, sin tener en cuenta cuando se produce el pago del precio, de forma que el aplazamiento del pago no tendrá incidencia ni en el ingreso del IVA ni en el derecho a su deducción.

Por tanto, e inicialmente a la espera de la interpretación posterior de la Administración Tributaria en sentido contrario, lo que se produciría con la aplicación del régimen recogido en el Real Decreto de constante referencia es una moratoria en el pago de la renta arrendaticia, no una suspensión de los efectos del contrato, lo que conlleva que ello no incidiría en la obligación por parte del arrendador de ingresar el IVA a pesar de no haberlo cobrado, generando un evidente perjuicio en su ya complicada situación.

Para tranquilidad del lector, la AEAT ya se ha pronunciado y ha señalado que si arrendador y arrendatario acuerdan la suspensión del contrato de alquiler o una moratoria, suspensión o carencia en el pago de la renta, como puede ser en el caso del cierre temporal del negocio debido al estado de alarma por el COVID-19, no se producirá el devengo del IVA durante dicha suspensión, moratoria o carencia, si bien termina señalando que “la acreditación de tal acuerdo podrá ser efectuada por cualesquiera de los medios de prueba admitidos en derecho, los cuales serán valorados por la AEAT.”

Evidentemente, y ante esta situación, mi consejo es que las partes lleguen a un acuerdo por escrito para suspender el contrato en esos meses, pactando así sus efectos y alejándose de la suspensión automática por mor de la norma.

En segundo lugar, la otra cuestión que queda al aire es cuantos meses son a los que se aplica esta moratoria. La redacción literal dice que “afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y sus prórrogas y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con el impacto provocado por el COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses”. Por ello, ¿los cuatro meses son el límite de las anualidades siguientes a los meses del estado de alarma y sus prórrogas, que de momento suman dos, o incluye esos meses? Evidentemente, una u otra interpretación tienen consecuencias muy dispares tanto en la situación del arrendatario como en el bolsillo del arrendador.

Y que conste que, de momento, solo hemos analizado cinco artículos de los veintiseis que tiene la norma, amén de quince disposiciones adicionales, cinco transitorias y nada menos que trece finales. Como acababan los geniales Tip y Coll, “la próxima semana, hablaremos del Gobierno…”.

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