Hubo un tiempo en que la solución al paro, propuesta por la izquierda política, parecía pasar por una idea sencilla y contundente: que el trabajo de un municipio fuera, ante todo, para sus propios vecinos de ese ayuntamiento. Esa fue la lógica de la Ley de Términos Municipales de 1931, al inicio de la Segunda República española, una norma que obligaba a las empresas a contratar a trabajadores locales antes que a forasteros. Su objetivo declarado era proteger a los jornaleros frente a la competencia externa en un contexto de pobreza, desempleo y tensiones sociales.
A primera vista, la medida podía parecer tener sentido. En una economía agraria, con grandes bolsas de paro estacional, impedir la llegada de trabajadores de otras zonas podría aliviar la presión sobre los salarios locales y repartir el trabajo disponible. Tal vez incluso, es posible que en algún municipio llegase a cumplir esa función de reforzar la posición de los trabajadores del municipio limitando la competencia salarial a la baja. Sin embargo, mayoritariamente las rigideces y problemas generados resultaron paralizantes.
Efectivamente, las empresas perdieron capacidad de elegir libremente a sus trabajadores, los procesos de contratación se burocratizaron hasta la extenuación, la movilidad laboral quedó restringida infligiendo graves daños sobre la capacidad productiva local. Y es que, en un país con fuertes desequilibrios regionales, impedir que los trabajadores se desplazarán hacia donde había empleo no resolvía el problema del paro: simplemente lo redistribuye y lo agrava. Por supuesto, además, la norma generó renovadas tensiones entre “locales” y “forasteros”, descolocando a aquellos que no estaban ni en una ni en otra categoría. También indujo a recurrir a prácticas informales (ilegales) para sortearla, agudizando los problemas derivados de la inseguridad jurídica que caracterizó la época.
No es casual que, tras el cambio político, esta legislación fuera derogada, aunque posteriormente se intentará recuperar su espíritu en el radicalizado escenario de 1936. En cualquier caso, este repaso de la historia refleja la cuestión de cómo el intervencionismo económico-gubernamental, –tan querido por la izquierda política–, no se realiza casi nunca con la perspectiva de los valores universales, sino únicamente como solución simple a fenómenos coyunturales, despreciando la conocida “teoría de las consecuencias no intencionadas”. Es precisamente por este motivo por el cual pueden defender hoy un tipo de política y mañana su contraria con la misma intensidad y sin llegar a acertar nunca.
La “prioridad nacional” propuesta por Vox se parece demasiado a una variante actualizada de aquella ley izquierdista, ahora motivada como reacción a la legalización masiva de inmigrantes, como solución consecuencia de una política indefinida e incierta sobre la materia. No obstante, el problema de fondo no debería ser determinar quién queda dentro o fuera del perímetro de protección, sino la propia lógica de exclusión. Cuando el acceso al empleo o a las prestaciones sociales se determina por criterios de pertenencia territorial en lugar de por eficiencia, productividad o adecuación entre oferta y demanda, el resultado suele ser menor dinamismo económico, menor creación de riqueza y, a la postre, menos oportunidades para todos, incluidos aquellos a quienes se pretendía beneficiar.
La experiencia histórica demuestra, además, que este tipo de medidas rara vez se mantienen en estado puro. O bien se relajan ante la imposibilidad de aplicarlas sin generar graves perjuicios, o bien se endurecen en un contexto de creciente conflictividad, agravando las tensiones sociales. En ambos casos, el resultado dista mucho de la estabilidad y prosperidad prometida por sus defensores.
La historia de la Ley de Términos Municipales no es, por tanto, una simple curiosidad del pasado. Es un recordatorio de que las políticas públicas deben juzgarse no por sus intenciones declaradas, sino por sus efectos reales. Y, sobre todo, de que las soluciones fáciles suelen tener costes ocultos, es decir consecuencias no intencionadas que, tarde o temprano, acaban saliendo a la luz.
Quizá la lección más duradera sea que no existen soluciones simples para problemas complejos. Ni entonces ni ahora. Y es que la historia no debería ser un arma arrojadiza, sino un depósito de conocimiento, sabiduría y, sobre todo, humildad.
