La decisión de la Conselleria de Educación y Universidades del Govern balear de reconocer a los docentes como autoridad pública a partir del próximo curso, constituye una medida necesaria, razonable y, sobre todo, largamente reclamada por el sector educativo.
Es una respuesta política y legal a una realidad cada vez más evidente como es el deterioro progresivo del principio de autoridad que durante décadas sostuvo el funcionamiento de las aulas y garantizó el respeto hacia quienes ejercen profesiones esenciales para la sociedad.
Los profesores no son enemigos de los alumnos ni adversarios de las familias. Son profesionales encargados de formar, educar y transmitir conocimientos y valores. Sin embargo, desde hace años soportan una pérdida constante de respaldo público y social que ha derivado en situaciones intolerables de cuestionamiento permanente, conflictividad y, en demasiados casos, agresiones verbales e incluso físicas.
Los propios sindicatos educativos llevan tiempo alertando del aumento de incidentes en los centros y reclamando mayor protección jurídica para el profesorado.
Educar no debería comportar ningún riesgo personal para los profesionales, a menudo atemorizados por situaciones de conflicto que exceden lo razonable
Lo mismo sucede con otros colectivos fundamentales como profesionales sanitarios, personal de ambulancias, bomberos y otros servicios de emergencias. Todos ellos desempeñan funciones públicas esenciales y, sin embargo, cada vez resulta más frecuente observar actitudes de desprecio, hostilidad o agresiones físicas y/o verbales.
La degradación del civismo y del respeto institucional tiene consecuencias directas sobre la convivencia y sobre la calidad de los servicios públicos. Por ello, reconocer legalmente a los docentes como autoridad pública no resolverá por sí solo todos los problemas de convivencia en las aulas, pero sí envía un mensaje claro. La sociedad respalda a quienes tienen la responsabilidad de educar a las nuevas generaciones. Y ese respaldo debe traducirse en herramientas legales eficaces, protocolos claros y protección jurídica suficiente.
Educar no debería comportar ningún riesgo personal para los profesionales, a menudo atemorizados por situaciones de conflicto que exceden lo razonable. Recuperar la autoridad del profesorado no significa autoritarismo, sino restablecer el respeto básico imprescindible para que las escuelas e institutos funcionen bajo parámetros de normalidad y en un clima favorable para toda la comunidad educativa.
