Los pequeños comerciantes, que están pasando por un mal momento, como el resto de los mortales, se quejan de que en Palma y en varias zonas turísticas hay un verdadero aluvión de vendedores ambulantes. Protestan porque ellos tienen que pagar impuestos para poder operar, mientras que fuera de sus locales hay a veces decenas de vendedores que compiten con ellos sin pagar ni una tasa. Piden, como es obvio, la intervención de la autoridad. Y ¿dónde está la autoridad? Ni está ni vale la pena que se la espere. Porque su incompetencia es desproporcionada. Bastaría con que se identificara al mayorista que suministra el género a todos estos vendedores; bastaría con que se le preguntara cómo repercute el IVA y que identificara a sus detallistas. Pero el poder público sólo hace leyes y rara vez se preocupa por aplicarlas, salvo que haya una oportunidad mediática para explicarse. Mientras, los comerciantes legales tendrán que sufrir, además, la competencia ilegal de estos vendedores que, por su parte, son víctimas de una situación igualmente lamentable. En definitiva, una concatenación de horrores.
