Más allá de las constantes derrotas parlamentarias en las que mueren las iniciativas más importantes que ha planteado el Gobierno, hay un asunto que ha devorado la credibilidad de sus electores. No me refiero a la corrupción, pues nunca faltan los acólitos cuya premisa es “por lo menos me roban los míos”, sino a la vivienda.
Sánchez anunció que esta sería “la legislatura de la vivienda” y lo está siendo. Jamás España ha estado peor. Todas las medidas adoptadas no han hecho más que agravar la situación, enfrentando a propietarios contra inquilinos y desprotegiendo a los arrendadores hasta el punto de que prefieran dejar vacía una casa antes que alquilarla sin garantías. Sánchez suspendió los lanzamientos de morosos y okupas llegando a situaciones kafkianas en las que un propietario luchaba uno o dos años en los tribunales para recuperar su casa, obteniendo una sentencia que estimaba sus pretensiones pero no la podía ejecutar por capricho del gobierno. Todo ello sin percibir una sola renta y teniendo que pagar el agua, la luz, el IBI, la tasa de basuras, la comunidad y cualquier gasto al inquilino moroso.
También intentó prorrogar por decreto los contratos de alquiler, pero el Parlamento le dio la espalda. Ahora lo vuelve a intentar con una iniciativa con escaso apoyo y muchos riesgos. El borrador que se ha filtrado de Real Decreto Ley, cuya aprobación ha sido pospuesta a finales de verano tras el escaso entusiasmo que levanta entre sus socios, es otro suicido que incide en desproteger a los que tienen la llave de poner más viviendas en el mercado residencial: los propietarios. Atacar la oferta no es la solución. Sánchez pretendía otra prórroga automática de los contratos a costa del arrendador, regular el alquiler de temporada y por habitación equiparándolo a una vivienda habitual, suspender sine die los lanzamientos hasta que la administración proporcione una vivienda al inquilino (spoiler: nunca), o dejar en manos del inquilino la definición del estado en el que deja la vivienda al final de un alquiler (¿qué va a decir?).
La improvisación nerviosa no va a salvar al ejecutivo de ser señalado por su incapacidad de adoptar una sola medida que atenúe la tensión en el mercado del alquiler y de compra de vivienda. A ello se suma el revés del Tribunal Supremo, que este junio ha avalado en su sentencia 426/2026 los cortes de suministros a okupas. Ya no serán considerados como un delito de coacciones. ¡Ojo! a okupas, es decir, a personas que han accedido a un inmueble sin ningún título. Este no es el caso de un inquilino moroso o de una pareja tras un divorcio que reside en precario en la vivienda conyugal. El Pleno ha decidido unificar la doctrina en torno al artículo 172 del Código Penal tras constatar que los distintos tribunales venían ofreciendo respuestas diferentes. No se puede imponer al propietario la obligación de financiar unos servicios utilizados por quien reside ilegítimamente, pues mantener esa obligación supondría trasladarle una carga económica carente de justificación.
La estrategia fallida de Sánchez en materia de vivienda, aderezada con una aritmética parlamentaria endiablada y una Ley de (in)eficiencia procesal que ha colapsado los juzgados ha supuesto caos cuya reversión debería ser una prioridad. Pero Sánchez no piensa en soluciones, sino en el relato. Sabe que lo ha perdido con el asunto que más preocupa a los españoles, por eso sobreactúa, carga contra las autonomías y legisla para proteger a quien debería ser perseguido.
