La declaración de Francina Armengol este lunes afirmando que el Govern balear deberá recurrir a los tribunales si el próximo gobierno central no amplía el REB permite deducir varias cosas: la primera, las dudas que debe tener la presidenta acerca de la continuidad de un gobierno socialista en Madrid, y la segunda -mucho más importante- el convencimiento de la propia presidenta de que lo aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes es manifiestamente insuficiente para las expectativas generadas.
Moncloa acordó el viernes poner en marcha un régimen especial para Baleares con dos velocidades. Por una parte, con efecto inmediato, se incluían cuestiones ya en marcha como el descuento aéreo bonificado al 75 por ciento para los residentes, el segundo cable eléctrico con la Península o compensaciones para que la energía no implique precios superiores a los del resto del país. Los incentivos fiscales, sin embargo, quedaron para más adelante. Concretamente, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley que, a diferencia del decreto, tendrá que ser debatido y aprobado por las Cortes que salgan de las urnas el próximo 28 de abril.
La fórmula es, a todas luces, un parche; una aprobación de urgencia para que Armengol no tenga que enfrentarse a unas elecciones autonómicas sin que sus compañeros de Madrid le aprobasen un REB. De todas formas, lo aprobado no es lo que se había negociado durante meses, cuando Cristobal Montoro ejercía al frente del Ministerio de Hacienda, y que se vió frenado con la llegada de la socialista María Jesús Montero a la misma cartera.
El escaso interés inversor que el actual gobierno de Pedro Sánchez manifiesta hacia Baleares ya quedó reflejado con el abortado presupuesto para 2019, que recogía un recorte del 11,5 por ciento en las inversiones en nuestra comunidad.
Es un interrogante el efecto electoral que pueda tener en la candidatura de Armengol este escaso interés del Gobierno del PSOE por Baleares, por mucho que se haya actuado de urgencia a pocos días del final de la legislatura y con un resultado que no contenta ni al propio equipo de Armengol. La situación, ahora, no ha mejorado y es posible que no falten en el Govern quienes echen de menos el REB que a punto estuvo de firmarse con Montoro, aunque ello hubiera significado aplaudir una negociación liderada por un gobierno del PP.
No sobrará que Armengol comparezca para dar explicaciones sobre todos estos retrasos, sobre las ayudas insuficientes y sobre la viabilidad del "miniREB" de Sánchez. Pero sobre todo, cabe urgir para que más pronto que tarde se habiliten recursos que compensen los costes de insularidad que sufren los ciudadanos y las empresas de Baleares. Esta parte de la sociedad es la que permanece ajena a los tacticismos políticos y a las componendas electorales, aunque siempre es a la que le toca pagar.
