Las defensas del caso Peaje, en el que investiga el presunto desvío de 42 millones de euros del Consell de Mallorca, han manifestado este miércoles durante una vista en el Juzgado de Instrucción número 5 de Palma su oposición a la apertura de juicio oral.
Según han explicado fuentes judiciales, la intención es llevar la causa al ámbito civil porque consideran que no hay relación entre el perjucio presuntamente producido en el Consell de Mallorca y la UTE.
El caso, que se abrió a principios de 2009, investiga este desvío llevado a cabo, presuntamente, durante las obras del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, en la etapa en que Maria Antònia Munar estaba a cargo de la institución (2003-2007).
Entre los imputados se encuentran el ex conseller insular de Obras Públicas y Carreteras Antoni Pascual, el ex director de este ramo Gonzalo Aguiar, el ex director de Obra por parte del Consell Francisco Orejudo, y varios de los responsables e integrantes de la UTE encargada del proyecto.
Este miércoles ha tenido una vista ante la jueza instructora del caso Ana María San José, previa a la posible celebración del juicio, en la que han intervenido dos peritos presentados por la defensa y que han esgrimido cuestiones técnicas que defenderían la posición de los investigados.
Los imputados en el marco de esta causa, cuya operación policial se saldó en marzo de 2009 con la detención de 16 personas, niegan un desvío a fines particulares y que el supuesto desfase repercutiese en las arcas del Consell. Defienden que la adjudicación de los trabajos recayó en manos de la empresa Pamasa y fue, posteriormente, cuando esta sociedad subcontrató las obras a la UTE Desdoblamiento C-715.
