Juicio de Los Ángeles del Infierno

"No somos una organización criminal"

El juicio celebrado en la Audiencia Nacional, en Madrid, contra la rama de Los Ángeles del Infierno asentada en Mallorca ha quedado este viernes visto para sentencia dos semanas después de su arranque y con una defensa cerrada de la integridad del grupo por parte del presunto cabecilla de la banda, Frank Hanebuth.

"No somos una organización criminal. Somos el único club de moteros en el mundo que tiene como base una estructura democrática. Y eso quiere decir una persona, un voto", ha explicado Hanebuth durante el turno de última palabra, del que ha hecho uso al término de la vista oral, un derecho que no han utilizado el resto de principales acusados.

En esta línea, el presunto líder de Los Ángeles del Infierno ha sido tajante. "No tenemos ningún presidente mundial, ni en Europa ni en ningún país. Cada capítulo es independiente, y cada presidente representa a todo el capítulo", ha zanjado.

CONCLUSIONES DEL FISCAL

Durante esta última sesión del juicio, el fiscal anticorrupción José Grinda ha hecho especial hincapié en defender la acusación por organización criminal para los encausados, y ha apuntado que, si bien los miembros de Los Ángeles del Infierno se hubieran constituido como asociación (algo que ha negado) hubiera sido indiferente, porque habría sido utilizada "como tapadera para cometer delitos".

De esta manera, la Fiscalía sostiene que a partir de las investigaciones "se establecen elementos de organización criminal" y apunta que la sección de Mallorca era independiente de otras ramas de Los Ángeles del Infierno de Barcelona o Valencia, buscando la "clandestinidad" de este subgrupo.

Por otro lado, ha manifestado que esta organización criminal actuaba bajo criterios de "jerarquía absoluta" y "constante", a tenor de lo recogido en diferentes intervenciones telefónicas. Igualmente, ha señalado que uno de los principales acusados, Frank Hanebuth, estaba en la cúspide de la banda, al igual que otro de los procesados, Paul Engelke.

INTERVENCIONES TELEFÓNICAS

Más allá de la descripción de los delitos y de la participación de cada acusado (de los que no han llegado a un pacto con la Fiscalía), el Ministerio público ha dedicado bastante tiempo de su intervención a exponer que las intervenciones telefónicas que sustentan las acusaciones son lícitas y, por tanto, deben ser admitidas como prueba. Este extremo ha sido combatido con rotundidad por la defensa de otro de los principales acusados, el lugarteniente de Hanebuth, Abdelghani Youssafi.

En este sentido, y con la intención de dejar clara su postura de cara a la decisión del tribunal sobre determinadas cuestiones previas planteadas por las defensas, el fiscal ha puesto el foco en que las intervenciones telefónicas no deberían declararse nulas por el simple hecho de que las transcripciones no hayan sido adveradas (no se haya demostrado la veracidad de un documento), dado que, según ha indicado, esto "no es necesario".

Además del delito de organización criminal, la Fiscalía ha hecho referencia a otras actuaciones contra la Ley (coacciones, amenazas, tenencia ilícita de armas...) durante la exposición del informe, que se ha extendido durante unas tres horas, aproximadamente.

En relación al delito de prostitución, el fiscal ha llegado a afirmar durante el juicio que Yousafi controló incluso qué cirugías estéticas se practicaba a las mujeres que trabajaban en clubes supervisados por la banda, qué mínimo de ingresos debían conseguir y qué tipo de tatuaje debían hacerse.

AGENTES IMPUTADOS

En cuanto a los agentes, policías locales y guardias civiles, encausados por colaborar con la banda de moteros en su implantación, el fiscal ha ido repasando los indicios que pesan sobre cada uno. Así, por ejemplo, de Nicanor Góngora ha apuntado que "favorecía las actividades delictivas" de los Ángeles del Infierno, y de Carlos Vallecillo ha afirmado que colaboró para paralizar una denuncia. Sobre uno de los agentes de la Guardia Civil encausado, José Francisco Valenzuela, ha afirmado que participó en revelación de secretos, dado que pasó información de bases policiales a terceros.

Antes de finalizar su exposición, el fiscal ha recordado que la atenuante para los que han pactado con Fiscalía es por confesión, y entiende que han colaborado con la Justicia. Este extremo ha sido también objeto de crítica por parte de la defensa de uno de los encausados, que ha señalado que no puede ser tenida en cuenta como confesión, ya que ni siquiera han declarado en el plenario y han aceptado las multas pactadas para evitar la cárcel, motivo por el que aceptaban los delitos que les imputaron.

LA DEFENSA ACHACA AL FISCAL QUE SU RELATO SERVIRÍA "PARA UNA PELÍCULA DE NETFLIX"

Durante esta jornada, ha dado a conocer también su informe la defensa de Abdelghani Youssafi, para quien el fiscal reclama más de 26 años de cárcel por una docena de delitos. Para esta parte, lo vivido en el juicio a raíz del informe fiscal se asemejaba a lo que ocurrió en 1692, en Massachusetts, con ocasión de los juicios de Salem dirigidos en contra de un grupo de mujeres que, según ha indicado, "por el clamor popular, las ideas poco evolucionadas, los rumores y las envidias" fueron ajusticiadas.

Para el letrado, la exposición del fiscal Grinda ha sido un mero "relato prolífico" que serviría "para hacer una película de Netflix que tendría mucho éxito", pero que, en su opinión, de nada sirve en un acto jurídico. "Aquí no valen presuntas intervenciones telefónicas", ha argumentado.

Igualmente, ha apuntado que en el escrito del fiscal se recoge que su defendido era de los 'Hell Angels' de Luxemburgo cuando llegó a Mallorca, y ha añadido que en caso de que lo fuera "eso no es delito", porque equivaldría a decir, por ejemplo, que es "miembro de la iglesia anglicana".

"Pertenecer a ese club social no es ningún delito", ha insistido el abogado defensor, para luego señalar que afirmar que Los Ángeles del Infierno se dedican a la extorsión y a la explotación de mujeres es una generalización. "No podemos criminalizar a un grupo porque un miembro sea una oveja negra (...), es una criminalización tan genérica y falta de base que no es propia de un país democrático", ha añadido.

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